Hacia otro “derecho a decidir”

Existen dos modos de “pensar” el “derecho a decidir”; el racionalista y el historicista. El racionalista (Desde Locke a Todorov, pasando por Rousseau, Kant, Tocqueville, Popper…) considera que no existen diferencias raciales, culturales o históricas entre diferentes seres humanos, por lo que el término “nación” no puede ser utilizado como instrumento discriminatorio entre ellos. Cuando un ser humano ha obtenido libertad de conciencia, expresión y movimiento, lo único que deseará es poder hacer uso de esas libertades en todos los sitios posibles. Las fronteras políticas, sociales o culturales tan sólo son un impedimento a la “libre circulación” de esos seres humanos libres. Por el contrario, el “derecho a decidir” historicista (Desde Vico a Fukuyama, pasando por Herder, Burke, Spengler…) considera que todo ser humano está inevitablemente condicionado por la historia de la comunidad a la que pertenece y esta historia es única, diferente e impermeable a las historias de otras comunidades. Por lo tanto, se considera a la nación como un ente con una raza, cultura, historia y devenir históricos homogéneos. Las fronteras serían, por lo tanto, necesarias para proteger el legado nacional.

Los nacionalismos europeos, haciendo uso de la concepción historicista, han eliminado la universalidad del “derecho a decidir” para transformarlo en un derecho particular, local, de élites. Reconocen a un patriciado que tiene “derecho a decidir” frente a una masa plebeya que no tiene tal derecho. Generalmente se achaca a la masa plebeya todos los males que sufren los patricios: desempleo, inseguridad ciudadana, corrupción política. El “derecho a decidir” puede ser utilizado como arma contra la plebe o, directamente, como instrumento para eliminarla y convertir la sociedad en un utópico grupo homogéneo. Cuando Viktor Orban hace uso del “derecho a decidir” de los húngaros, lo hace para defender a la Élite Húngara de los políticos plebeyos de la Unión Europea, que quieren contaminar la patria húngara de refugiados musulmanes sirios. Cuando el independentismo catalán enarbola el “derecho a decidir” de la Élite Catalana, lo hace para extirpar de Cataluña todos los males, los cuales proceden, según ellos, de la mala gestión política de Madrid, así como de la vagueza y vileza de la plebe española.

El “derecho a decidir” de las élites nacionalistas suele venir cargado de una alta dosis de sentimentalismo y emoción. Cuando un ciudadano tiene que elegir con emoción, suele ser más manipulable que si lo hace desde la fría atalaya del discernimiento. Más aún, si además se les asocia odio hacia la plebe; así surgen las guerras de banderas, los enemigos de la patria, los colonizadores…

Existe una clara contradicción entre apelar a la democracia y, a la vez, respaldar ese “derecho a decidir” de las Élites. Si es democrático, tiene que incluir a todos los implicados, sean Élite, sean Plebe. Pero, en realidad, no es así.

Generalmente, cuando se apela a un “derecho a decidir” de la Élite, la plebe excluida no acepta el resultado. Un clarísimo ejemplo de ello se produjo tras el referendum del 5 de junio de 2015, en Grecia. El gobierno griego, formado por la alianza de la izquierda populista de Syriza y los fascistas de Anel, lanzó un referendum para preguntar a los griegos si aceptaban o no las condiciones de financiación impuestas por la Unión Europea. Este referendum se basaba en la idea de que Grecia era soberana en este asunto y, por lo tanto, tenía “derecho a decidir”. Los griegos eran la Élite poseedora del Derecho, y la Unión Europea, la Plebe desposeida de tal privilegio. Ganó el “No” al acuerdo. Durante toda la noche del 5 de junio, los griegos celebraron la victoria del “Oxi”. La Unión Europea no aceptó el resultado. A los pocos días, el gobierno griego firmaba, con leves retoques cosméticos, el mismo acuerdo al que los griegos habían rechazado en referendum.

Por lo tanto, ¿quién es realmente el sujeto del “derecho a decidir”? La respuesta es clara y contundente: todos los implicados en el objeto de decisión. Puede ser que el sujeto abarque tan sólo a una persona, si se trata de un asunto íntimo y particular que solo afecta a uno mismo. O pueden ser todos los catalanes, todos los españoles, o los cientos de millones de habitantes de la Unión Europea. Por lo tanto, no es un “derecho a decidir”, sino más bien “derecho a co-decidir”.

Así como hay quien defiende abiertamente y sin fisuras un “derecho a decidir” historicista, nacionalista, deberían existir grupos de presión que propugnaran otro modelo de “derecho a decidir”; el racionalista, universalista, pues éste tampoco está completamente establecido ni asegurado en las democracias occidentales. Frente al “derecho a decidir” de las Élites, debería defenderse un “derecho a decidir” de todos los ciudadanos, independientemente de donde hayan nacido, siempre que formen parte de la sociedad implicada en el ámbito de decisión. Los inmigrantes, a pesar de todos los años que puedan llevar viviendo en nuestro país, a pesar de todo el trabajo que realizan, de los impuestos que pagan o del esfuerzo de integración que están obligados a soportar, no tienen ningún derecho político, salvo si obtienen la nacionalidad española. Ellos son tan ciudadanos como los demás, y a ellos les afectan tanto como a nosotros las decisiones que podamos tomar; sería de justicia que ellos tuvieran también derecho a tomar parte en esas cuestiones.

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