Alsasua, o el error de la excepcionalidad judicial

No hace muchas semanas que hubo un desagradable incidente en el pueblo navarro de Alsasua. Al parecer, se produjo en un bar un tumulto violento entre dos guardias civiles de permiso, sus parejas, y un grupo indeterminado de personas de la localidad. No voy a entrar a valorar las distintas versiones del suceso pues, lógicamente, cada cual contará lo sucedido como mejor le venga y más le interese. Nadie dice toda la verdad y, probablemente, todos dicen algo de verdad.

Lo que sí llama realmente la atención ha sido el trato recibido por los supuestos agresores a los guardias civiles: prisión y procesamiento por terrorismo. Algo que, desde un punto de vista frío y racional, parece bastante exagerado, aun aceptando a pies juntillas la versión de los guardias civiles implicados. Se podrán dar cientos de razones y explicaciones para defender esta actuación de la justicia, incluso muchas de ellas nos parezcan convincentes y hasta necesarias, pero no olvidemos que todo este proceso está amparado bajo las leyes antiterroristas, que son elementos judíricos excepcionales. Y en una democracia, la excepcionalidad, valga la redundancia, debería ser excepcional y exquisitamente razonada. Y me explicaré.

Las leyes y su aplicación en una democracia deben ser universales; iguales para todos los ciudadanos, y en todos los casos y circunstancias. En un mundo ideal (inexistente, pero al que se debe aspirar), debería ser ciega a las interpretaciones subjetivas de los hechos; y adherirse únicamente a la objetividad de las pruebas. Sin embargo el mundo real en el que tiene que actuar la Justicia está lejos de ser un lugar idílico; de serlo así, no harían falta leyes humanas; con las naturales ya tendríamos bastante.

En primer lugar, las leyes y el sistema judicial son obra humana y, por lo tanto, son tan imperfectas como lo somos todos los humanos. No se puede garantizar que las leyes aplicables a cierto hecho sean perfectas, así como tampoco puede asegurarse que tal magistrado va a ser capaz de discernir toda la verdad, y nada más que la verdad. Por otra parte, la objetividad pura nunca se da en Justicia; eso significaría que se podría describir una acción cometida por humanos con teorías universales y completas, como la gravitacional, la de la relatividad… sin embargo, utilizamos las indeterminadas leyes psicosociales. Es por ello que la Justicia debería impartir sentencias conocedora de esas limitaciones y fallas, esto es, que sea humilde y reconozca que puede errar.

En segundo lugar, la Justicia forma parte, no sólo del sistema democrático y de división de poderes, sino también es un engranaje dentro del aparato del Poder. Como bien decía Michel Foucault en “Vigilar y castigar”:

Sería preciso, pues, suponer, que la prisión, y de manera general los castigos, no están destinados a suprimir las infracciones sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas, a utilizarlas… Y si se puede hablar de una justicia de clase no es sólo porque la ley misma o la manera de aplicarla sirvan a los intereses de una clase, es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos forma parte de los mecanismos de dominación.

En tercer y último lugar, el papel en el que están escritas la leyes no es capaz de tener en cuenta todas y cada una de las maneras con las que un ser humano puede hacer el mal. Y la aplicación de una ley democrática, de la manera más objetiva y “justa” posible, no siempre es eficaz para el Poder. Por lo tanto, las democracias (porque las dictaduras no lo necesitan), se proveen de prerrogativas que permitan actuar a la Justicia “al límite” de sus competencias, esto es, excepcionalmente. Las leyes excepcionales pueblan los códigos legislativos de todas las democracias. Pueden estar diseñadas para atacar una situación crítica puntual (por ejemplo, leyes antiterroristas), o algo más general (por ejemplo, leyes contra la violencia machista).

La ley excepcional tiene un objetivo: neutralizar un mal que es inmune o que se situa fuera de control frente a un código de leyes estándar. Su uso debe estar limitado única y exclusivamente a ese mal, a esa situación, y debe de elimarse una vez que el mal ha sido solventado. Puede existir la tentación desde diferentes sectores políticos o judiciales de aprovechar la ley excepcional con fines diferentes para lo que se creo; instrumentalizar la excepcionalidad a beneficio del Poder.

La Justicia debe funcionar a “velocidad de crucero”, manteniendo una equidistancia entre la condescendencia y la intransigencia. Tan sólo debe aproximarse a los “límites máximos y mínimos de velocidad” en situaciones anómalas. Aproximarse, más nunca rebasarlos.

Las leyes antiterroristas que se han aplicado a la organización terrorista ETA pueden haber tenido resultados muy satisfactorios para conseguir acabar con ella. Pero, independientemente de su supuesto éxito, no dejan de ser unas leyes excepcionales, que juzgan unos hechos (por ejemplo, el asesinato) con una mayor severidad que con la legislación habitual. Una vez alcanzado su objetivo (el fin de la violencia terrorista), esas leyes excepcionales deberían aparcarse y guardarse en un rincón, con la esperanza de no tener que desempolvarlas nunca más.

Sin embargo, lejos de aparcarlas, las leyes antiterroristas se siguen utilizando. Y lo sucedido en Alsasua es un buen ejemplo de ello. Aún aceptando como válida el 100% de la versión de los guardias civiles agredidos… ¿ha habido realmente un acto de terrorismo? ¿han sido agredidos por miembros de una organización armada? ¿ha existido un premeditado objetivo de crear terror? La respuesta es no. Tal vez los agresores sean miembros de asociaciones que defienden a los presos terroristas de ETA, o que exigen la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra, pero ello no convierte automáticamente a estas personas en miembros de ETA y, mucho menos, en terroristas. Bien podría utilizarse el agravante de “delito de odio”, mas jamás de terrorismo.

Quienes vivimos en Euskadi, y no pensamos como ellos, hemos sufrido durante décadas amenazas e insultos, cuando no agresiones, de los radicales que apoyaban (incluso algunos todavía apoyan) la sinrazón de los terroristas de ETA. Sabemos que, aunque ahora callan, quienes se han apoyado en la violencia para silenciar la disidencia siempre tendrán la tentación de volver a echar mano de ella. Tenemos que estar atentos. Y denunciar a quien trate de imponer sus ideas con métodos fascistas. Pero ello no significa que debamos utilizar las excepcionales leyes antiterroristas contra ellos. No todo vale. Porque tal vez nos sintamos más tranquilos y seguros cuando escuchamos que los supuestos siete agresores de los guardias civiles de Alsasua están entre rejas, y acusados de terrorismo. Pero lo que, en verdad, se está haciendo, es corromper el sistema judicial mediante la banalización de medidas que fueron creadas para otras circunstancias, y con otros fines.

3 comentarios en “Alsasua, o el error de la excepcionalidad judicial

  1. […] Siendo las leyes imperfectas, el igualitarismo sobre el cual estas se basan, también lo es. El igualitarismo es imperfecto porque, como las leyes, no puede tener en cuenta todas las circunstancias y excepciones que rodean la vida de cada individuo. Pero, además, en materia de legislación e igualdad operan elementos sociales que funcionan fuera del ámbito democrático o, mejor dicho, en paralelo a él. Así, el Poder y el Discurso (o el primero a través del segundo) controlan de manera prelegal y predemocrática numerosos usos y costumbres de nuestra sociedad. Es por ello que, debido a la imperfección legislativa y las influencias antidemocráticas del Poder,  el igualitarismo están todavía muy lejos de ser el ideal. Y así seguirá siéndolo. […]

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