El error de C’s ante los estatutos de autonomía del País Vasco y Navarra

En la cuestión de fueros hay que distinguir dos elementos, a saber: el fuero que contraría abiertamente la unidad constitucional y establece entre los españoles una desigualdad injusta e irritante; esto es, la exención de pagar tributos y quintas, de que disfrutan las Provincias Vascas, pero no Navarra; y el fuero que, rompiendo la unidad legislativa, pero no la constitucional, y no perjudicando los derechos de nadie, pone a dichas provincias en posesión de un especial régimen administrativo y económico, de carácter eminentemente democrático, envidiado y celebrado con razón por todos los liberales, tanto de España como del extranjero.

Manuel de Revilla. Revista Contemporánea (1876)

Como se ha comentado en anteriores artículos, la igualdad de todo ciudadano ante la ley es la piedra angular sobre la que descansa la democracia liberal. Así lo creyeron los grandes pensadores de las Luces, allá en el siglo XVIII. Éstos creyeron encontrar el origen de la injusticia social en la existencia de diferentes varas de juzgar a los ciudadanos, según su estirpe y abolengo. El tiempo ha ido en su favor, y en la mayor parte de las democracias liberales se han instaurado legislaciones que, más bien que mal, logran el objetivo de administrar justicia por igual a todos los vecinos.

Tal es así la importancia del igualitarismo ante la justicia que la génesis  de un sistema democrático se sitúa en el momento en el que la ciudadanía refrenda el conjunto de  las leyes “inamovibles” que, a partir de ese momento, darán forma y contenido a todo el sistema legal; esto es, la constitución. Como paso previo a alcanzar la ansiada democracia, se deben de abandonar de una vez por todas las leyes preconstitucionales, predemocráticas, particularistas; para así dar cabida sólo a aquellas que posean un cariz universalista y uniformizador.

Sin embargo nuestras naciones han sido construidas bajo el artificio historicista. Así, el termino nación se ha definido como un ente hermético y estanco, en cuyo interior reposan rasgos sagrados e idiosincrasias inviolables: raza, religión, lengua, cultura… y, por supuesto, historia. La nación será nación mientras se protejan esos atributos, y se evite mancillarlos con manipulaciones intestinas o contaminaciones exógenas. Dentro de ese repertorio de elementos que caracterizan el alma patria se sitúan ciertas leyes tradicionales, predemocráticas, preconstitucionales. Son normas que aparecieron en una época y un país que no tiene nada que ver con la estructura moderna de la democracia liberal pero, aun así, son aceptadas en el código legislativo e, incluso, añadidas a la constitución. Como predemocráticas que son, no atienden a la característica capital de la ley democrática: la universalidad. Y es que estas leyes afectan a un sujeto concreto y particular, al que ofrecen un trato diferenciado al establecido por la ley uniforme.

La ley preconstitucional puede atañer a un sujeto individual (monarca), a una institución (Iglesia Católica), o a una región (sistemas forales del País Vasco y Navarra). La casa Borbón accedió a la corona de España en 1700, décadas antes incluso de que en las tertulias ilustradas empezara a germinar el espíritu de la división de poderes. Los acuerdos Iglesia-Estado de 1976 y 1979 son meras continuaciones del Concordato de 1953, entonces en pleno apogeo de la dictadura franquista. Los sistemas forales del País Vasco y Navarra, por su parte, son el remanente histórico de aquellos sistemas de administración autónoma y ordenamiento jurídico, algunos de ellos datados desde época medieval, que fueron abolidos al albor de las reformas liberales y centralizadoras del siglo XIX.

Desde un punto de vista liberal, como es el del partido Ciudadanos (C’s), los derechos históricos son una violación del principio uniformizador de la ley democrática. Sin entrar a discutir si son mejores o peores, el hecho de que el País Vasco y Navarra tengan unos sistemas de hacienda diferentes a los del resto de españoles introduce un elemento de discriminación legal. Esa discriminación es mayor si las razones que se esgrimen para defenderlos son de carácter histórico: la Historia debe ser utilizada para comprender hechos presentes, pero jamás para justificarlos. Desde el punto de vista del derecho histórico hay lugar para reivindicar su abolición.

Si el País Vasco y Navarra hacen uso de las haciendas propias que les otorgan sus fueros, es porque les resulta beneficioso. De lo contrario, hubieran exigido la aplicación del régimen común, así como lo hicieron los políticos catalanes cuando se discutía el Estatut de 1979. Y a la vista de los niveles de bienestar social existentes en ambas comunidades autónomas, es lógico que se quiera defender su continuidad. La abolición de los regímenes fiscales propios y la implantación del sistema común actual provocarían no pocos males en sus economías.

Las haciendas propias funcionan bien en el País Vasco y Navarra. Probablemente no es un modelo de financiación útil para todo el estado español. Pero podrían ser de utilidad en otras comunidades autónomas, con características geográficas, económicas y humanas similares. Tal vez una hacienda propia en Cataluña o Extremadura resulte inviable a punto de provocar la ruina de sus ciudadanos, mientras que en La Rioja o Islas Baleares logre justo el efecto contrario, esto es, redundar en riqueza y prosperidad.

Por ello los sistemas fiscales propios del País Vasco y Navarra podrían contemplarse, no como un privilegio histórico, sino como un  modelo transferible a otras comunidades autónomas. Resultaría provechoso realizar un estudio técnico concienzudo, lejos de los intereses políticos y los regionalismos, en el que se detalle qué comunidades se beneficiarían de un sistema fiscal propio similar al vasco y navarro, cuáles no; y qué impacto tendría su aplicación sobre la balanza fiscal del estado, así como sobre la solidaridad interterritorial y la vertebración de España. A partir de allí, se podría proponer a ciertas comunidades autónomas un cambio en sus estatutos para incluir la hacienda propia. No sería una España a dos velocidades, o una España desigual. España, como todos los países de cierta extensión geográfica, es desigual, y así lo será, no importa las normas uniformizadoras que se apliquen. Los territorios de España no “son” iguales, y no “deben ser” iguales porque no “pueden ser” iguales. Los españoles, al contrario, “deben ser” tratados con igualdad de oportunidades, independientemente del territorio donde vivan. Aplicar haciendas propias en territorios que se beneficien de ellas, no es tratar de modo diferente a los españoles; es tratar de modo diferente a territorios diferentes. Así las cosas, los derechos “históricos” del País Vasco y Navarra dejarían de ser “históricos” y entrarían en la senda de la legalidad democrática liberal.

En un anterior artículo se hablaba del riesgo de la homogenización “a la baja” de las leyes, esto es: que ante una situación de injusticia legal, se equipare a beneficiado y a perjudicado aplicando a los dos la ley del perjudicado. Eliminar derechos, no privilegios. La abolición de los regímenes forales del País Vasco y Navarra seguiría esta lógica: a falta de uniformidad legal, se elige la legislación peor.

El error que comete Ciudadanos a la hora de apoyar la supresión de los sistemas de hacienda forales, no está en el porqué (son predemocráticos, preconstitucionales), sino en el cómo. Tal vez, no haya que abolirlos, sino trabajar para que esos derechos históricos dejen de ser “históricos” y entren así en el siglo XXI, ofreciendo hacienda propia a aquellas regiones que se puedan beneficiar de ella.

Se puede criticar la existencia de derechos históricos preconstitucionales, pero desde el respeto, y siempre ofreciendo alternativas válidas. Así, se puede ser republicano y, al mismo tiempo, respetar la monarquía. O exigir la enseñanza de la religión católica desde la mítica y no desde la mística, sin que por ello haya que tomar actitudes anticlericales. Ciudadanos puede censurar la existencia de un doble rasero en la hacienda pública española, pero no tomando partido contra el País Vasco y Navarra, sino a favor del perfeccionamiento del sistema tributario en el resto de España. Porque ofrecer soluciones diferentes a sujetos diferentes no es discriminar, sino optimizar.

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