Los errores de Podemos ante los independentismos

Ver: El ala izquierda de Podemos apoya el referéndum independentista en Cataluña

En democracia, el estado no tiene por qué erigirse como representante de la identidad de los ciudadanos. Tampoco entre sus funciones está la de proteger la identidad nacional y patriótica de los mismos, sino la de asegurar que éstos puedan expresarse libremente, y actuar conforme a lo que les dicte su conciencia. Porque en sociedades libres no existe una sola identidad, sino miles, millones, que son las de todos y cada uno de los individuos que las componen.

Así, el gobierno de España, como parte constituyente fundamental del estado español, no puede, ni debe exigir a los españoles que se sientan españoles; que sean patriotas y amen los símbolos que representan la nación (bandera, himno, mitos fundadores…). Debe aceptar y defender las expresiones de las conciencias individuales de cada uno de los ciudadanos: de los que se sienten españoles; de los que, como Fernando Trueba, no se han sentido españoles ni durante cinco minutos; o de los que reniegan de su españolidad y se acogen a otras construcciones patrióticas (catalana, vasca…).

Cuando la libre expresión de la conciencia individual está asegurada y la legislación vigente en una nación es la misma para todos los ciudadanos (y todos ellos son iguales ante la ley), poco más puede hacer un estado en cuestión de libertades. Podrá (y deberá) trabajar para que todos los habitantes de la nación se sientan visibilizados, representados e incluidos en sus estructuras políticas, sociales y económicas. Podrá hacer uso de los poderes legislativo y ejecutivo para mejorar el día a día de los ciudadanos. Pero todo ello tendrá que ser realizado con el mayor respeto posible a las múltiples y heterogéneas identidades que pueblan la nación.

Por circunstancias de la historia España podría hoy en día no ser una nación independiente. Si, durante la guerra de la Independencia, los ejércitos napoleónicos hubieran sofocado la resistencia española, hoy en día los territorios que conforman el estado español formarían parte de Francia. Tal vez, por azares que nos permite la historia-ficción, Cataluña hubiera visto reconocida su singularidad nacional, y hoy cumpliría doscientos diez años de independencia. La España del siglo XXI sería una provincia francesa en la que todos los ciudadanos, con pasaporte francés, tendrían los mismos derechos que los parisinos, o los bordeleses: libertad de expresión, libertad de lengua (¿quién sabe si, por la fuerza del español, Francia se hubiera convertido en un estado bilingüe?), derecho a voto, uniformidad legislativa… ¡Y en la Unión Europea!

Probablemente aparecerían movimientos políticos y sociales que exigieran un supuesto derecho a decidir de los españoles; esto es, que reclamarían su independencia de Francia. Enarbolarían los siglos de historia de la antigua nación española; sus cultura y lengua diferenciadas de la francesa. Se hablaría de una raza española. Se buscarían (y sin duda, se encontrarían) ejemplos de tratos diferenciados e injustos, los cuales servirían para alegar la discriminación francesa hacia los nativos españoles. Sin embargo… ¿estaría justificado un referéndum de independencia para que España se separara de Francia? En mi opinión, no, mientras el estado (francés) no exija lealtad sentimental o patriótica, y proteja del mismo modo a los que se sientan franceses como a los que no. Cuando un ciudadano es libre, querrá serlo en la mayor extensión geográfica y humana posible. Una nueva frontera entre España y Francia acotaría su espacio de libertad individual. Además, quién sabe si el nuevo estado (español), para diferenciarse del francés, impondría severas restricciones a aquellos que no estuvieran de acuerdo con el nuevo status político de la región española, y siguieran sintiéndose franceses.

Los dos grandes errores de Podemos ante el independentismo catalán son tanto la asimilación de la definición conservadora de nación como la apropiación de la manipulación nacionalista del derecho a decidir. Aceptan que las funciones de un estado democrático van más allá de proteger las libertades, y de garantizar los medios materiales para que todos podamos hacer uso de esas libertades. Muy al contrario consideran que, además de todo ello, los estados tienen que proteger una supuesta identidad nacional frente a otras.

Hace flaco favor Podemos al espíritu universalista del que debería enorgullecerse. En vez de posicionarse a favor de un derecho a decidir aristocrático, de las élites, deberían luchar por ampliarlo: esto es, exigir que los excluidos del ámbito de decisión (p.e: los inmigrantes que, aunque lleven viviendo años en nuestro país, no tienen aún derecho a voto) puedan también participar en pleno derecho en las elecciones, consultas y referéndums. En vez de ayudar a infectar el estado de identidades obligadas, abogar por un “laicismo nacional”. Fomentar el “anacionalismo”, y no los plurinacionalismos y unitarismos. España, no frente al espejo del Reino Unido (plurinacional) o Francia (unitaria), sino al de la ecuménica, desprejuiciada y mil veces vilipendiada Unión Europea.

 

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