Sobre la prisión preventiva de los ex-consejeros de la Generalitat

Ver: La juez envía a prisión a Oriol Junqueras y a ocho ex consejeros catalanes por rebelión

Tal vez no soy quién para opinar de esto, y me meta en camisa de once varas. La pena de prisión puede estar más que justificada en este caso. De eso no dudo. No son presos políticos; son presuntos delincuentes que, además, presuntamente se dedicaban a la política. Pero no son violentos, no hay riesgo de fuga (si quisieran, ya hubieran huido junto con el ex-president Carles Puigdemont), ni de destrucción de pruebas… Entonces, ¿por qué la prisión provisional sin fianza? ¿Por qué no esperar a la sentencia firme del juicio para cumplir la pena de prisión, en caso de que se les considere culpables?

Desde el espacio público de la Justicia, que es donde nos movemos todos los legos (que somos muchos, aunque algunos intentemos ocultarlo con grandilocuentes frases copiadas de redes sociales), da la sensación que en los casos de corrupción política existen dos barras diferentes de medir: una, con la que se tiende a ser conservador a la hora de tomar medidas cautelares (por ejemplo, caso Urdangarín); y otra, con la que toda la violencia disponible en el estado de derecho cae inexorablemente sobre los acusados. Los códigos legales no son rígidos y permiten cierta libertad de decisión al juez encargado de la instrucción. En los casos que nos competen, las decisiones tomadas en el ámbito de la prisión preventiva de Urdangarín y los ex-consejeros catalanes, a pesar de ser diametralmente opuestas, están contempladas en los códigos de leyes. El fondo es correcto. Otra cosa es la forma, la estética.

Cuando me entero de casos así (y desgraciadamente, son muchos) suelo recordar esta cita de Foucault: “Sería preciso, pues, suponer, que la prisión, y de manera general los castigos, no están destinados a suprimir las infracciones sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas, a utilizarlas… Y si se puede hablar de una justicia de clase no es sólo porque la ley misma o la manera de aplicarla sirvan a los intereses de una clase, es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos forma parte de los mecanismos de dominación“.

El vicio de clase no es un problema que afecte sólamente a la justicia española: todo tribunal occidental funciona según esos parámetros. Que el mal sea compartido por nuestros vecinos (incluso con mucha más experiencia democrática) no es excusa para dejar de preocuparse por cierta tendenciosidad de nuestros tribunales. De lo que aquí se habla no precisa de un cambio en el código legislativo, ni de aumentar los recursos disponibles en Justicia. De lo que se habla es de la relación de la Justicia con el Poder, ese poder con mayúsculas, horizontal, que se sitúa antes de las leyes, y fuera de ellas para así dar forma a los mecanismos de control social.

Cuando se dice que la Justicia sufre de un vicio de clase, se refiere a la fuerte vinculación de ésta con los elementos parademocráticos del Poder. El Poder es parademocrático porque en él estamos incluidos todos los ciudadanos, aunque no con participaciones iguales y homogéneas, como debería suceder en democracia. Un político corrupto que haya robado de las arcas públicas millones de euros con tarjetas de crédito “black” recibirá mayor condescendencia de los tribunales que un drogadicto que haya extraído unos miles de euros con una tarjeta robada sin violencia. Es cierto que ambos recibirán sus bien merecidas dosis de justicia; empero el primero atenuada y el segundo agravada.

No se hablaría de vicio de clase si las sentencias atenuadas y agravadas se distribuyeran independientemente a la cuota de participación que tenga el acusado en el Poder. Sin embargo, la clase cuenta a la hora de dictar sentencias. Quizás menos que en otros países, como los Estados Unidos de América, donde así es el abogado que te puedes permitir contratar, así será la justicia que te juzgará. Sí: quizás la justicia española sea menos parcial en la distribución del rigor condenatorio pero, indudablemente, algo falla.

Los populistas aprovechan estas taras en el sistema democrático. Detectan el problema, ofrecen una interpretación ajustada a sus intereses políticos y, después de soliviantar a las masas, prometen soluciones que, paradójicamente, lejos de atenuarlos, profundizan en los vicios del sistema. La revolución populista suele tener más de contrarrevolución que de sincero deseo por el cambio. Así, en Cataluña, desde ciertos sectores nacional-populistas puede existir la tentación de utilizar la prisión preventiva de los ocho ex-consejeros:  en el sistema judicial de una Cataluña libre e independiente no habrá lugar para medidas tan desproporcionadas. Nunca más lejos de la realidad. Los vicios de un sistema judicial no se resuelven cambiando la titularidad del soberano (en este caso, pueblo catalán por pueblo español), sino penetrando en las recónditas entrañas de ese entramado subterráneo que une el Poder con la Justicia. En caso de que Cataluña lograra la independencia, el sistema judicial no resolvería el vicio de clase. Algún cambio estético si se percibiría, pero sólo debido al cambio en la propiedad de las cuotas de Poder: los que ayer recibían el trato más severo de la justicia, mañana serán absueltos de sus fechorías o, por lo menos, sus penas se verán ostensiblemente reducidas. Al contrario, aquellos que pierdan sus raciones de Poder penarán con sentencias agravadas.

Además, tengo la sensación que en una Cataluña (o País Vasco) independiente, la Justicia adolecería de otro vicio que, en la actualidad, está bastante reprimido en el sistema judicial español. Al vicio de clase habría que añadir el vicio de identidad, pues es a ésta supuesta identidad nacional a la que se aferran los populistas para poner en marcha sus desafíos. El vicio de identidad está íntimamente asociado con el aspecto predemocrático de Poder. Éste no sólo es parademocrático, sino también predemocrático. Si a través de lo parademocrático las cuotas de Poder se distribuyen de modo desigual, lo predemocrático divide a la sociedad en dos grupos: los patricios, con derechos históricos y genealógicos sobre el Poder; y los plebeyos, desasistidos de toda cuota de participación. El vicio de identidad negaría una justicia “justa” a aquellos que quedan fuera del patriciado, bajo la supuesta acusación de ser “enemigos de la verdadera democracia” o, por lo menos, “extranjeros non gratos“.

Desde este blog sólo puedo denunciar una situación que creo justificada pero injusta, mas no ofrezco recursos para encontrar una solución al problema que he intentado plasmar en estas pocas líneas. No defiendo la impunidad para los ocho ex-consejeros que se hallan en prisión preventiva; ni mucho menos. Pero la Justicia no debe ser instrumento de vejación y humillación. Por ello la prisión preventiva no debería ser aplicada a esos ocho ex-consejeros, ni a ningún otro presunto delincuente que no sea peligroso, no ofrezca razones para pensar que se quiera fugar, ni tenga en sus manos la capacidad de destruir pruebas.

Un comentario en “Sobre la prisión preventiva de los ex-consejeros de la Generalitat

  1. […] Cuando se dice que la Justicia sufre un vicio de clase, se refiere a que fomenta la desigualdad entre personas, favoreciendo a unas frente a otras. Pero no hay que confundir vicio de clase con privilegio. Si la Justicia ampara y beneficia a unos, no lo hace reconociendo la singularidad de esos afortunados individuos. La Justicia no trabaja con personas, sino que las objetiviza en función de su utilidad social. El vicio de clase es la expresión de esa acción desequilibrante, necesaria para la conservación de la homeostasis de la sociedad. Mientras la Justicia pertenezca a la sociedad, existirá vicio de clase. Las personas incluidas en las diferentes clases (favorecidas-desfavorecidas-marginadas) podrán cambiar; incluso podrá darse una ampliación de la clase favorecida (como, tal vez, suceda en las democracias). Pero, como instrumento homeostático de sociedades de cultura y excedente, nunca podrá sacudirse ese vicio de clase que, un día tras otro, solivianta las buenas conciencias de las sociedades democráticas. Que sea inevitable no debe ser vivido como un hecho trágico; no podemos, no debemos aceptar sentencias que evidencien ese vicio de clase. Hay que rebelarse contra ellas; aunque el fruto de nuestras reivindicaciones no sea, quizás, revertir el orden judicial, sino más bien, modificar el reparto de clases (… y con ello, vuelta a la cólera). […]

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