Sobre la excepcionalidad de la ley de violencia de género

Los estados (democráticos o no democráticos) se proveen de un corpus legislativo que, más bien que mal, asegura la estabilidad del sistema. Está basado en acontecimientos sucedidos en el pasado que causaron un daño a la integridad del estado, de un grupo social o de un individuo. A partir de la colección histórica de sucesos, los legisladores deben proyectar y pronosticar qué contenciosos sucederán en el presente y en el futuro de esa sociedad para así, por medio de leyes, tratar bien de evitarlos, bien de controlarlos. Sin embargo, por muy completo y minucioso que sea ese código legislativo, los actos presentes y futuros en el seno de una sociedad son, en gran parte, impredecibles. Y, a veces, ciertas actividades ilícitas no tomadas en consideración cuando se redactó la ley, toman una gran relevancia, hasta el punto que ponen en peligro la estabilidad del estado, la supervivencia de un grupo social, o de ciudadanos individuales. En una dictadura, en la que el ejecutivo tiene control sobre los jueces y legisladores, la ley se puede modificar a capricho de la circunstancia presente. No existen cortapisas constitucionales, ni grupos de presión que coaccionen la redacción, implantación y ejecución de esa nueva ley a medida. En una democracia, sin embargo, un cambio en el código legislativo no es tan rápido, pues precisa de un consenso social, político y judicial amplio. La lentitud de estas modificaciones a veces es exasperante, y muchos crímenes quedan sin “justo castigo”. Pero, por otra parte, esa calma legislativa permite analizar en frío los acontecimientos, para así evitar tomar medidas injustas o excesivas.

En los estados democráticos son necesarias las leyes excepcionales para manejar acontecimientos de gran calado y gravedad que no puedan ser controlados con el código legislativo estándar. Cuando las leyes son ineficaces frente actos graves de terrorismo, es preciso redactar leyes excepcionales que atajen ese fenómeno delictivo. Son ciertamente leyes a medida, similares a las promulgadas en estados dictatoriales: la diferencia es que, mientras en el segundo caso no hay que dar razón de las mismas, en el estado democrático, no sólo hay que justificarlas, sino que hay que limitar su uso al hecho delictivo en sí, y solamente mientras exista riesgo de delito. No se deberían utilizar las leyes excepcionales fuera de la excepción para la que fueron promulgadas, ni durante más tiempo de lo que dure esa excepción. Casos como el sucedido en Alsasua demuestran lo peligrosas que pueden a llegar a ser estas leyes si no son utilizadas con el rigor exigido.

La ley de violencia de género es un claro ejemplo de ley excepcional: ante la incapacidad del corpus legislativo de controlar al maltratador y dar amparo a la víctima, el estado se surte de un conjunto de normas que tratan de neutralizar este tipo de violencia. No es que la mujer quede impune en caso de que agreda a un hombre, ni que todos los hombres que golpeen a una mujer lo hagan bajo un supuesto machista. Pero en nuestra sociedad, en la que hay instalado un Poder machista (que no masculino), existe todavía una concepción patriarcal de las relaciones entre hombres y mujeres, donde las segundas estarían supeditadas a la voluntad de los primeros. La ley de violencia de género no castiga “con exceso” al hombre por pegar a una mujer: primero, le pena por esa agresión (tal como lo haría si hubiera sido una mujer) y segundo, añade a la sentencia un “extra” por aprovecharse de esa superioridad que supuestamente le otorga el hecho de ser hombre. En la violencia machista no hay una disputa entre iguales, sino que hay alguien que se sitúa (físicamente, moralmente, emocionalmente) por encima del otro. Y en este caso, siempre (o casi siempre) resulta que es el hombre.

La violencia machista forma parte, junto a la prostitución y la pornografía, de un conjunto de para-mecanismos de control por los que el hombre puede liberar ciertas tensiones que le impone el Poder. El hombre debe ser físicamente fuerte, algo que no se le exige a la mujer. Y tiene que demostrar su virilidad, en forma de cuotas de penetración, mientras que a la mujer se le exige justo lo contrario: desproveerse de todo deseo sexual. La violencia machista permitía antaño vehiculizar fuera de la sociedad esa obligación de fortaleza, pues ésta se encauzaba hacia la pareja: existía, pero no se veía; la violencia en el ámbito doméstico no desestabilizaba el Poder y la sociedad que controlaba. El empoderamiento de la mujer en los últimos años ha permitido socializar esa violencia machista que durante siglos formaba parte de muchas estampas familiares. Y con su socialización,  con ese vuelco hacia fuera del ámbito doméstico, se ha podido señalar y criminalizar esas actitudes.

Las leyes excepcionales deberían tener un objetivo: dejar de ser necesarias; ser abolidas en el menor tiempo posible. Y esto también atañe a la ley de violencia de género. Desconozco hasta qué punto son útiles los incrementos de penas de cárcel en los crímenes machistas: el delincuente no va a dejar de pegar a su mujer/novia/amiga porque esa acción pueda llevarle a la cárcel durante más años que si pega a un familiar/amigo. Probablemente es más efectiva la socialización de la violencia machista que lleva implícita esta modificación legislativa excepcional: las noticias en medios de comunicación, las campañas de concienciación, la pedagogía en las escuelas. Sin embargo, dudo de que la sociedad pueda desproveerse de ellas en un futuro cercano. Para ello hay que destruir ciertos para-mecanismos de control social, como lo son la exigencia de virilidad y los atributos de fuerza, poder y capacidad de sometimiento que esa concepción de la virilidad conlleva.

Uno de los signos que podremos observar en la antesala del final de esta ley excepcional será el cese de comentarios acerca de mujeres que acusan falsamente a sus parejas de maltrato para obtener ciertas ventajas legales. La acusación falsa existe en todos los ámbitos de la vida legal, y nadie se lleva las manos a la cabeza porque un porcentaje de denuncias a médicos o policías sean fraudulentas. El espacio que abre la ley de violencia de género no es una excepción, y siempre habrá personas que utilicen torticeramente esos resortes judiciales para su propio provecho. Da igual que sea un uno, cinco o diez por ciento, como tampoco pasa nada porque un uno, cinco o diez por ciento de las denuncias a médicos sean falsas: éstas se investigan, y si se demuestra su carencia de fundamentos, se rechazan. Por lo tanto, también podremos vaticinar el final de la ley excepcional de violencia de género cuando no sean necesarias manipulaciones estadísticas que traten de defender el buen nombre de esta ley (Ver noticia de El Mundo). Porque si fuera cierto que solo el 0,01% de las denuncias fueran falsas, y el 99,99% verdaderas, habría que plantearse introducir otra excepción en la ley: declarar culpable de maltrato al acusado automáticamente después de que el juez reciba la notificación. En caso de juicio, la tasa de error judicial aumentaría considerablemente por encima de ese 0,01%. Los fiscales pueden confundirse, los abogados manipulan las pruebas, y el juez no siempre es infalible (y si es falible, nunca alcanzará ese 99,99% de resoluciones correctas). Sin duda alguna, se trata de una mentira estadística: de ese dato habrán excluido, por ejemplo, las denuncias que nunca llegan a juicio porque se retiran: aunque no sé si son muchas o pocas (o si se retiran aun siendo verdaderas), seguramente alterarán esa cifra del 0,01%. Pero como hemos comentado previamente, poco importa si es el 0,01% o el 10%. Ya existen mecanismos no excepcionales para manejar la acusación falsa, proceda del ámbito que proceda. Lo que sí importa es que, noticias como esa nunca más sean necesarias: eso significará que se habrá normalizado así la importancia de la ley. Y cuando se normalice, probablemente deje de ser necesaria.

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