El derecho a decidir no existe

La gente no puede decidir hasta que alguien no decide quién es el pueblo
Ivor Jennings. The Approach to Self-Government

La democracia representativa ofrece a todos y cada uno de los ciudadanos la posibilidad de involucrarse en algunas decisiones políticas que les afectan directamente. Esta toma de decisiones suele consistir básicamente en la elección de los representantes políticos de cada una de las partes en las que se dividen los poderes ejecutivos y legislativos (ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos nacionales y europeos…). Pero también hay veces que a la ciudadanía se le pregunta directamente acerca de temas cruciales que tienen gran peso en el futuro del país, y que suelen tomar forma de consulta o referendum (por ejemplo, OTAN sí/no, Constitución Europea sí/no…).

Todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene, de facto, derecho a decidir en una democracia representativa. De hecho democracia y derecho a decidir van unidos de la mano; no existiría el primero, sin el segundo, y vicecersa. Y todo ciudadano debería tener derecho a decidir siempre que su vida política se vea afectada. Un madrileño no podrá, ni deberá, votar en las elecciones municipales de Barcelona, pues el órgano legislativo y ejecutivo de la ciudad condal queda fuera de su ámbito de decisión de un madrileño. Del mismo modo, no se podrá excluir, por ejemplo, a un madrileño de Vallecas, o del barrio de Salamanca, de las elecciones a la alcaldía de Madrid, aludiendo cualquier excusa (que siempre posee cierto tinte ideológico). En democracia tiene derecho a decidir  toda persona incluida en el ámbito de decisión; y no puede pedir derecho a decidir si está excluida de ese ámbito. El ámbito democrático de decisión no conoce de fronteras, razas, sexo, religión, afiliación política, educación… Si el ciudadano se ve afectado por la decisión a tomar, deberá incluirse en el ámbito de decisión.

Sin embargo, desde los espacios políticos nacionalistas se trata de tegiversar el concepto de ese derecho a decidir democrático. Por una parte introducen una falacia: el pueblo decide. Realmente no decide el pueblo; decide cada una de las personas individuales a las que les afecta la decisión planteada. Por otra parte segregan la ciudadanía en dos grupos: aquellos que tienen derecho a decidir (los patricios), y aquellos a los que se les niega tal derecho (los plebeyos). Para ello introducen en el ámbito democrático de decisión un “hecho diferencial” que consideran imprescindible para obtener derecho a tal privilegio. Que vivan en un lugar, y no en otro. Que pertenezcan a una raza, que adoren a un dios concreto, que hablen un idioma o hayan sido educados en función a una ideología… Cualquier excusa es válida si se consigue eliminar del derecho a decidir democrático a todos los ciudadanos que, probablemente, con su voto, puedan impedir la consecución de los fines que tanto ansían aquellos políticos.

Así, por muy legal que haya sido el referéndum del Brexit, no fue muy democrático. Se dejó fuera del ámbito de decisión a cientos de millones de ciudadanos europeos a los que la decisión de Reino Unido de abandonar o no la Unión Europea les afectaba tan directamente, o más (vease el caso irlandés), como a los ciudadanos británicos. El problema actual sobre el desenlace del Brexit, y que tantas crisis políticas está desencadenando, viene, sobre todo, de una falta de consideración de las necesidades e intereses de aquellos a los que se les ha negado decidir.

Tampoco era necesario que el referéndum del Brexit hubiera sido aplicado a todos los habitantes de la Unión Europea. Valía con que, aprovechando la transnacionalidad de la gobernanza europea, todos los países europeos pudieran haber dado, a través de sus gobiernos y sus representantes políticos de instituciones europeas, su opinión acerca del Brexit. En fin, una negociación sobre las condiciones de una posible salida del Reino Unido que fueran aceptadas por la mayoría de naciones europeas.

Lo mismo sucede con el procès catalán. No es necesario que todos los españoles voten si están a favor o en contra de la independencia, sino que, previo a un supuesto referéndum, habría que preguntar al conjunto de ciudadanos que están afectados por esa decisión, si están dispuestos a ceder su derecho de decisión y entregarlo a los ciudadanos que viven en Cataluña. Y, además, a cambio de qué se permite esa cesión, o bajo qué condiciones. Esto se puede realizar de manera directa, mediante un referendum o consulta, o indirectamente a través de un cambio constitucional. Solo si se incluye, se representa y se visibiliza al conjunto de personas que están incluidas en el ámbito de decisión, entonces se podrá hablar de derecho a decidir democrático.

El derecho a decidir, por lo tanto, no existe. No existe, en cuanto a derecho democrático, tal y como es enunciado desde los altavoces mediáticos nacionalistas. Tan solo podría hablarse de tal derecho a decidir si este recoge, acoge y representa la voz de todos los ciudadanos involucrados en la decisión política, independientemente del lugar donde vivan, la lengua que hablen o la bandera que amen.

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