Alsasua 2020: por una legalidad sin excepcionalidades

Hace cuatro años publiqué en este blog un artículo en el que denunciaba el uso torticero de la ley antiterrorista para juzgar la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en un bar del pueblo navarro de Alsasua. Sin querer entrar en discusiones acerca de la veracidad o falsedad de la agresión, opinaba que el Código Penal español poseía múltiples fórmulas jurídicas para juzgar, tipificar y penar a estos agresores. Como, por ejemplo, el delito de odio, el cual suele ser el arma jurídica más comúnmente utilizada por jueces y fiscales contra los primo-hermanos de los radicales que atacaron a estas cuatro personas, esto son, los franquistas, neonazis y otras bandas de “patriotas”. La legislación antiterrorista es una magnífica arma contra todo tipo de terrorismo, como bien se ha visto en el caso de la lucha contra ETA. Pero no por ello no deja de ser una legislación excepcional, que debe ser utilizada con tiento y cuidado única y exclusivamente cuando el delito que se persigue esté clara y meridianamente relacionado con un acto terrorista. Y esta pelea de bar, a pesar de sus connotaciones racistas y españolófobas, no entra, de ninguna manera, dentro del epígrafe de terrorismo. Primero, porque ninguno de los atacantes era miembro de banda terrorista. Y segundo, porque la acción violenta no fue premeditada, sino espontánea. El caldo de cultivo de odio que Bildu y sus secuaces cocinan a fuego lento en localidades como Alsasua contra todo lo que niega su ideario fanático explica la reacción de estos descerebrados, pero ni lo justifica hasta el punto de exonerarles de culpa, ni apoya una causa de terrorismo.

A fecha que se publica este artículo, dos encausados siguen cumpliendo pena de cárcel. Cuatro años han pasado ya. Cuatro años en los que la verdad acerca del caso Alsasua se ha difuminado para convertirse en un arma de doble filo utilizada por dos frentes irreconciliables. Por un lado, están los que se niegan a conceder un atisbo de duda acerca de la actitud de la justicia española en este caso. Para ellos, los jóvenes aborregados de Alsasua son unos terroristas, como lo son los asesinos de Miguel Ángel Blanco o el comando que puso las bombas en la terminal T4 de Barajas. Y, como tales, deben sufrir esa pena de cárcel. En el momento en el que alguien trata de criticar esa opinión, y explica de modo sereno cuáles son las implicaciones de la ley antiterrorista que se les ha aplicado, le acusan de connivencia con los terroristas, de falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, de colaboracionista con el ideario fascistoide que enarbola Bildu… En el otro lado están aquellos que consideran el caso Alsasua como un montaje del estado español para amedrentar a los “muy democráticos” jóvenes abertzales, así como para torpedear la lucha por la independencia de una supuesta Euskal Herria. Cuando se les explica que pegar a un ser humano está mal, aunque ese ser humano sea un guardia civil, un edil del PP, o un seguidor de Vox, se revuelven contra el interlocutor, y le lanzan hermosos vituperios, tales como “fascista”, “franquista”, “manipulado” o “españolazo”. Hemos mejorado mucho con estos últimos. Hace 10 años por una opinión similar ponían tu foto dentro de una diana. O, directamente, tiro en la nuca.

Los jóvenes de Alsasua se han convertido en títeres de estas dos posturas extremas. Ni la una ni la otra pueden abandonar la trinchera en la que se han resguardado so pena de dar, aunque sea un solo instante, la razón al enemigo. Y, lo que es peor, el amplio espacio de reconciliación y entendimiento que se abre entre estas dos posturas ha acabado convertido en un “no man’s land” donde cualquiera que se atreva a entrar corre el riesgo de acabar con gorrazos de uno y otro bando. Y así, la defensa de los descerebrados de Alsasua ha sido monopolizada exclusivamente por la izquierda abertzale. Son ellos los que, con buen tino yo creo, denuncian el uso torticero de las leyes excepcionales antiterroristas para juzgar un altercado que, en otras circunstancias, no habría pasado más allá de un juicio por delito de odio. Pero, a la vez que defienden esta causa justa, emponzoñan el caso con otras reivindicaciones que, además de no tener nada que ver con Alsasua, son falsas. Por ejemplo, alimentan el sentimiento de que la justicia española es corrupta; que si se obtuviera la independencia de Euskal Herria, los tribunales de esa nueva nación independiente limpiarían todas esas imperfecciones. Reivindican la expulsión de todas las fuerzas de orden público de Euskal Herria (Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral Navarra, Ejército Español…), pues la nación vasca independiente se transformaría en un paraíso donde nadie haría daño a nadie. Muy al contrario: probablemente la justicia de una Euskal Herria independiente no solo heredaría las fallas de la justicia española, sino que, además, introduciría un vicio ideológico de funestas consecuencias. Y, más allá de reducirse las agresiones, robos y violaciones en una Euskal Herria independiente, estas camparían libres a sus anchas. Los únicos perseguidos serían aquellos que se atrevieran a contravenir los decretos de la izquierda abertzale, quienes serían tildados automáticamente de “fascistas” y “españolazos”. Y, por fin, liberada de la coacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ETA camparía a sus anchas disparando en la nuca a todo aquel que esta organización considere indigno de vivir en ese idílico remanso de paz.

 

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