Un pueblo traicionado

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En primer lugar, yo no habría titulado así la última obra publicada por Paul Preston. “Un pueblo traicionado”. Además de amarillista, contiene una importante falsedad que se va a ir evidenciando a medida que se leen las páginas de ese libro: el pueblo al que alude el historiador británico no es tal: ese pueblo español se trata de un conglomerado complejo, equívoco, bastardo e interdependiente de identidades que supera ampliamente en riqueza cromática a ese “pueblo español” monolítico que aparece impreso en la portada. Ya no es solo por Cataluña o Euskadi, que tampoco son pueblos tan homogéneos como nos quieren hacer creer los intelectuales nacionalistas que comen de la mano de los políticos. En España, como en cualquier Estado-nación que se precie, bullen cientos, miles de “pueblos”. Según la clasificación que se utilice (idioma, posición geográfica, situación histórica a partir de cierto año concreto, status económico…) estos pueblos se podrán reunir en función de unos atributos comunes en torno a un único criterio clasificador (regiones bilingües vs. Regiones monolingües; Norte vs. Sur vs. Insularidad; Reino de Sobrarbe vs. Corona de Aragón vs. Cataluña; Ricos vs. Pobres…), de tal modo que una misma persona puede incluirse, a la vez, en alguno de estos “pueblos” tan eclécticos y disonantes. Por lo tanto, no creo que “Un pueblo traicionado” sea un buen título para esta obra. Tal vez tampoco “Pueblos traicionados de España”, aunque este ya se acerca un poco más al hecho plural que la realidad española exige.

“Crónica de la corrupción e incompetencia política en España desde 1874 hasta la actualidad”. Ese es el título correcto de esta sobresaliente obra, y que resume perfectamente la unidad narrativa de la tesis de Preston. De hecho, la sombra de este título alternativo, mucho más fiel al espíritu del ensayo, aparece, oculto en minúsculas, en su portada. Porque eso es de lo que se habla en este libro: un compendio de hechos históricos que ilustran, de manera más o menos preclara, la existencia de un clientelismo perpetuo, crónico y descorazonador en el seno de la clase política de España, cuyas consecuencias afectan a los tres poderes democráticos.

La corrupción no es endémica de España. Se trata más bien de una epidemia global. O de una pandemia. Afecta por igual a todos los países de todas las épocas históricas, si bien en la actualidad aparentemente se ha conseguido, en algunos países europeos, poner coto a ciertas prácticas corruptas que antaño se toleraban. Y aquí es donde opino que flaquea Preston: no realiza una comparativa crítica de la corrupción española con la de otros países de su entorno. De este modo parece que la España de la Restauración era la única nación corrupta de Europa, mientras que el Reino Unido, Prusia o Francia, por ejemplo, ya se habían consolidado como ejemplos de la honestidad y la transparencia política. O, también, que el III Reich consiguió crear una máquina perfecta de destrucción sistemática sin necesidad de corromper a políticos, generales e industriales. Nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, en sus “Recuerdos”, Tocqueville describe a la perfección un sistema corrupto de elección del Parlamento de la II República Francesa, en 1848, de modo que él mismo se hizo con un escaño como diputado en dicho parlamento, tras obtener 110.704 sufragios de los 120.000 posibles en su departamento. Por otra parte, el caciquismo y el desprecio por el sufragio universal fue patente en Reino Unido hasta los albores de la II Guerra Mundial. Por ejemplo, el voto secreto no fue instaurado hasta el Ballon Act de 1872. Y el sentimiento de superioridad de una clase aristocrática y burguesa hizo que la opinión política de las clases sociales “inferiores” fuera infravalorada. Por lo tanto, la corrupción era la regla fundamental de funcionamiento de unas democracias imperfectas que empezaban a bostezar en el continente europeo.

La democracia según la élite británica de principios del siglo XX. Extracto de la película “Lo que queda del día” de James Ivory, 1993.

Preston ha conseguido novelar ciertos hechos históricos, muchos de ellos inconexos en el tiempo o en el espacio, para generar así una narración ágil y amena que nos lleva desde los primeros años de la Restauración, en 1874, hasta casi la actualidad más candente, como lo son los turbios asuntos de la Casa Real contemporánea. Sin embargo, para desarrollar esta trama, que incide en la tesis de que España va mal “porque los políticos son unos corruptos y unos nefastos”, necesita aplicar algunos recursos de los que tanto abusan los historiadores justificativos: hipertrofia de ciertos hechos históricos intrascendentales (el regalo de un Rolex a un ministro, la ineptitud de un diputado…), ocultación de información muy significativa (los efectos de la “Gripe Española” en la crisis económica y social europea tras la I Guerra Mundial) e introducción de chascarrillos y opiniones personales de escaso o nulo valor. Tal vez sin justificación no se puede crear un discurso coherente y entretenido, pues esa justificación es la que permite hilar los acontecimientos uno detrás de otro, como si el acontecimiento anterior tuviera una relación unívoca con el sucesivo, y se generan así ciclos y repeticiones dentro del argumentario que facilita la digestión de los datos aportados en la narración. Pero, en verdad, ni la historia de España, ni la de ningún otro Estado-nación, se puede explicar mediante relaciones unívocas de hechos históricos: somos como somos no por una razón histórica, sino por una telaraña de causas-efectos, probablemente impenetrable e incomprensible. Tampoco la historia es trágicamente cíclica, ni los seres humanos estamos eternamente condenados a caer en los mismos errores. La realidad de los ciudadanos que viven en el mundo no puede ser explicada al modo de los decadentistas, que consideran a una sociedad como un ser vivo con un nacimiento, juventud, madurez, decadencia y muerte. Ni como los optimistas, que tienen fe en el progreso ilimitado. Una lectura errónea de la obra de Preston puede hacernos pensar que España no tiene solución, que siempre caerá en el mismo error y se verá arrastrada al abismo por políticos corruptos e inútiles. Cuando en realidad eso no es así: nada está escrito: el presente y el futuro pertenecen a los españoles del presente y el futuro: los errores pasados no se transmiten epigenéticamente como el pecado original de los católicos. Si mejores o peores, ni Preston ni otro intelectual podrá predecirlo.

En resumen, recomiendo la lectura tranquila, pausada y crítica de “Un pueblo traicionado”. Y, sobre todo, no dejarse llevar por la mala leche y el sentimiento de impotencia que, en ciertos pasajes, pueden invadir al lector: recordemos que la historia explica por qué somos como somos, pero que no se puede justificar ninguna acción punitiva futura en base a hechos cuyos protagonistas fallecieron hace décadas, cuando no siglos.

Alsasua 2020: por una legalidad sin excepcionalidades

Hace cuatro años publiqué en este blog un artículo en el que denunciaba el uso torticero de la ley antiterrorista para juzgar la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en un bar del pueblo navarro de Alsasua. Sin querer entrar en discusiones acerca de la veracidad o falsedad de la agresión, opinaba que el Código Penal español poseía múltiples fórmulas jurídicas para juzgar, tipificar y penar a estos agresores. Como, por ejemplo, el delito de odio, el cual suele ser el arma jurídica más comúnmente utilizada por jueces y fiscales contra los primo-hermanos de los radicales que atacaron a estas cuatro personas, esto son, los franquistas, neonazis y otras bandas de “patriotas”. La legislación antiterrorista es una magnífica arma contra todo tipo de terrorismo, como bien se ha visto en el caso de la lucha contra ETA. Pero no por ello no deja de ser una legislación excepcional, que debe ser utilizada con tiento y cuidado única y exclusivamente cuando el delito que se persigue esté clara y meridianamente relacionado con un acto terrorista. Y esta pelea de bar, a pesar de sus connotaciones racistas y españolófobas, no entra, de ninguna manera, dentro del epígrafe de terrorismo. Primero, porque ninguno de los atacantes era miembro de banda terrorista. Y segundo, porque la acción violenta no fue premeditada, sino espontánea. El caldo de cultivo de odio que Bildu y sus secuaces cocinan a fuego lento en localidades como Alsasua contra todo lo que niega su ideario fanático explica la reacción de estos descerebrados, pero ni lo justifica hasta el punto de exonerarles de culpa, ni apoya una causa de terrorismo.

A fecha que se publica este artículo, dos encausados siguen cumpliendo pena de cárcel. Cuatro años han pasado ya. Cuatro años en los que la verdad acerca del caso Alsasua se ha difuminado para convertirse en un arma de doble filo utilizada por dos frentes irreconciliables. Por un lado, están los que se niegan a conceder un atisbo de duda acerca de la actitud de la justicia española en este caso. Para ellos, los jóvenes aborregados de Alsasua son unos terroristas, como lo son los asesinos de Miguel Ángel Blanco o el comando que puso las bombas en la terminal T4 de Barajas. Y, como tales, deben sufrir esa pena de cárcel. En el momento en el que alguien trata de criticar esa opinión, y explica de modo sereno cuáles son las implicaciones de la ley antiterrorista que se les ha aplicado, le acusan de connivencia con los terroristas, de falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, de colaboracionista con el ideario fascistoide que enarbola Bildu… En el otro lado están aquellos que consideran el caso Alsasua como un montaje del estado español para amedrentar a los “muy democráticos” jóvenes abertzales, así como para torpedear la lucha por la independencia de una supuesta Euskal Herria. Cuando se les explica que pegar a un ser humano está mal, aunque ese ser humano sea un guardia civil, un edil del PP, o un seguidor de Vox, se revuelven contra el interlocutor, y le lanzan hermosos vituperios, tales como “fascista”, “franquista”, “manipulado” o “españolazo”. Hemos mejorado mucho con estos últimos. Hace 10 años por una opinión similar ponían tu foto dentro de una diana. O, directamente, tiro en la nuca.

Los jóvenes de Alsasua se han convertido en títeres de estas dos posturas extremas. Ni la una ni la otra pueden abandonar la trinchera en la que se han resguardado so pena de dar, aunque sea un solo instante, la razón al enemigo. Y, lo que es peor, el amplio espacio de reconciliación y entendimiento que se abre entre estas dos posturas ha acabado convertido en un “no man’s land” donde cualquiera que se atreva a entrar corre el riesgo de acabar con gorrazos de uno y otro bando. Y así, la defensa de los descerebrados de Alsasua ha sido monopolizada exclusivamente por la izquierda abertzale. Son ellos los que, con buen tino yo creo, denuncian el uso torticero de las leyes excepcionales antiterroristas para juzgar un altercado que, en otras circunstancias, no habría pasado más allá de un juicio por delito de odio. Pero, a la vez que defienden esta causa justa, emponzoñan el caso con otras reivindicaciones que, además de no tener nada que ver con Alsasua, son falsas. Por ejemplo, alimentan el sentimiento de que la justicia española es corrupta; que si se obtuviera la independencia de Euskal Herria, los tribunales de esa nueva nación independiente limpiarían todas esas imperfecciones. Reivindican la expulsión de todas las fuerzas de orden público de Euskal Herria (Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral Navarra, Ejército Español…), pues la nación vasca independiente se transformaría en un paraíso donde nadie haría daño a nadie. Muy al contrario: probablemente la justicia de una Euskal Herria independiente no solo heredaría las fallas de la justicia española, sino que, además, introduciría un vicio ideológico de funestas consecuencias. Y, más allá de reducirse las agresiones, robos y violaciones en una Euskal Herria independiente, estas camparían libres a sus anchas. Los únicos perseguidos serían aquellos que se atrevieran a contravenir los decretos de la izquierda abertzale, quienes serían tildados automáticamente de “fascistas” y “españolazos”. Y, por fin, liberada de la coacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ETA camparía a sus anchas disparando en la nuca a todo aquel que esta organización considere indigno de vivir en ese idílico remanso de paz.

 

Ciencia postnormal en tiempos del Covid19 (I)

Si hay algo que, desde el principio, ha dejado en evidencia la crisis del Covid19, esa es la fragilidad innata de la ciencia a la hora de predecir y resolver uno de los problemas de salud más graves de las últimas décadas. Con el inestimable freno que ha supuesto la ocultación, por parte de los dirigentes chinos, de la magnitud de su “Chernóbil” particular, los científicos han sido incapaces de predecir en tiempo y forma tanto la extensión como la gravedad de la epidemia de coronavirus. Esto ha imposibilitado la implementación de barreras tempranas contra la pandemia. Segundo, la comunidad científica se encuentra “noqueada” ante el comportamiento de un virus que se aleja de los modelos clásicos de evolución de las pandemias, y ante el cual, incluso el sacrosanto paradigma de la inmunización natural, se pone en tela de juicio.

Es cierto que gran parte de los masivos datos acumulados en revistas científicas acerca de este virus son, técnicamente, “fakes” o “basura”, por lo que el científico que trata de documentarse acerca del Covid19 tiene que navegar en unas procelosas y contaminadas aguas, donde nada es consistente. De ahí que se hablara de la relación entre el ibuprofeno y la agravación de síntomas debidos al coronavirus. De ahí que se elevara la hidrocloroquina a rango de medicamento milagro en la lucha contra la pandemia. De ahí que, hasta que el virus empezó a hacer estragos, una gran parte de científicos, médicos, políticos y personas de a pie (entre las que yo me incluyo), consideraran al Covid19 como una “mera gripecita”. Y eso, dejando a parte las barbaridades que algunos no-científicos y negacionistas, como Trump y Bolsonaro, tratan de extender a lo largo y ancho de la opinión pública.

También hay casos, generalmente ensalzados ad hoc por los medios de comunicación, de científicos que “predijeron” el caos en el que se iba a instalar el mundo a causa del Covid19. Pero, a fin de cuentas, nadie hizo caso a sus predicciones. Nadie. Ni una comunidad científica avezada. Ni tampoco los políticos. Independientemente de estos casos aislados de científicos proféticos que, desgraciadamente, no tuvieron la repercusión necesaria para hacer cambiar las cosas, la mayor parte de científicos erraron en sus predicciones.

La gran diferencia entre el político y el científico es que, mientras el primero debe saber trabajar en la incertidumbre, al segundo tan solo se le puede exigir saber manejarse en la certidumbre. Mientras al primero se le encomienda la labor de ejecutar soluciones efectivas a problemas generales, el segundo debe ofrecer respuestas precisas a preguntas específicas. El segundo puede (y debe) asesorar al primero a la hora de la toma de decisiones. Pero el político cometería un flagrante y tremendo error si apoyara y basara toda su acción gubernamental en las opiniones fragmentarias de los científicos. Para la acción política se necesita de una visión global, tan amplia como alcance todo el rango de implicaciones que tienen todas y cada una de las decisiones políticas. Demasiado vacuo, generalista e impreciso para un científico que se dedica, en cuerpo y alma, a desenredar los arcanos misterios de una pequeña porción del saber del Universo.

En tiempos de Covid19 los políticos se echan en los brazos de los científicos. Uno, para que estos les den digan qué tienen que hacer para resolver los problemas advenidos de la pandemia, en base a criterios científicos. Y dos, para que, en caso de fracaso, las culpas puedan ser endosadas, no a aquel que detenta la acción ejecutiva, sino a la misma comunidad científica. Los científicos se convierten, de la noche a la mañana, en los asesores más preciados de los presidentes de Gobierno. Y estos, ungidos de una pátina de incorruptibilidad y veracidad, son expuestos a la luz de los flashes sobre un pedestal en el cual se deberían encontrar más que incómodos.

La ciencia contemporánea se centra en problemas específicos. Y de ahí su éxito. Pudiendo emplear todos sus esfuerzos en una única pregunta, el científico tiene tanto la libertad como la capacidad de analizar meticulosamente el objeto de su estudio. De tal modo, que si tiene éxito en sus pesquisas, responderá eficazmente a la pregunta que se ha planteado. Así, cuando se presenta en la vida cotidiana el problema específico que ha sido estudiado por este científico, se le podrá dar una respuesta válida y eficaz. La aplicación de los resultados de la ciencia tiene éxito cuando el juego de decisiones se limita única y exclusivamente al problema concreto del que se conoce la respuesta. Un teléfono móvil es muy fiable porque es él un mero repositorio de soluciones concretas a problemas concretos. Aquellas aplicaciones de la telefonía móvil a las que la tecnología actual no sabe encontrar respuesta no son instaladas en el terminal, sin merma alguna de operatividad.

Sin embargo no todo funciona como los teléfonos móviles.  Hay veces que los datos aportados por la ciencia son insuficientes, o incluso contraproducentes para obtener el resultado deseado. El cirujano que opera un paciente aquejado de una enfermedad cardíaca, basará su criterio médico en la evidencia científica. De eso no hay duda. Pero, además, en la intervención quirúrgica, aparte de lo leído en los artículos de las revistas científicas más actuales, empleará todos los recursos que ha aprendido a lo largo de su ejercicio profesional. Algunas veces se tendrá que desviar de la evidencia científica para salvar la vida de un paciente, simplemente, porque durante sus largas jornadas en quirófano ha aprendido que, de ese modo y no otro, él obtiene mejores resultados. Lo mismo se puede decir de un experimentado ingeniero civil, encargado de construir un puente en un terreno inestable. El asesoramiento de los profesionales más avezados y fogueados en la práctica del día a día es útil a la hora de resolver problemas concretos en los que existe una gran dosis de incertidumbre. A la falta de un criterio universalmente válido, como son los que ofrece la ciencia, se puede recurrir a la opinión de aquél que ha resuelto problemas similares con una gran dosis de empirismo y de ensayo-error.

De monarquías y repúblicas

La_familia_de_Carlos_IV,_por_Francisco_de_Goya
La familia de Carlos IV. Francisco de Goya (1746-1828)

Yo me considero republicano. Creo que, en un Estado democrático liberal como en el que vivimos, la elección democrática del Jefe de Estado es más lógica y natural que la transmisión hereditaria de dicho cargo. Pero también estoy seguro de que un hipotético advenimiento de la III República a España no nos va a hacer mejores como país; ni tan siquiera más justos. La influencia que tiene la figura del rey o de un supuesto presidente de la República sobre la acción política de un gobierno es muy limitada; y mucho menor en el primer caso que en el segundo, según cómo se establezcan las funciones ejecutivas de un Jefe de Estado electo (no son iguales las funciones del presidente de la República Francesa, que el de la República Italiana, por ejemplo). Pero es que, además, la influencia que tiene un gobierno sobre la vida en sociedad también es muy limitada, y se restringe (afortunadamente) a la legislación y a la ejecución de leyes. Que es mucho (muchísimo), pero no llega a alcanzar todo el vastísimo conjunto de actos, decisiones y opiniones que bullen en el interior de cualquier sociedad democrática. Por lo tanto, si el Jefe de Estado influye poco sobre el gobierno, y el gobierno tiene sus funciones de control social limitadas (tanto por la Constitución como por la pragmática vida real), es lógico esperar que un cambio de régimen político apenas afecte en el día a día de las personas.

Pero, como he empezado diciendo, vivimos en un Estado democrático liberal. Las leyes que rigen este Estado proceden de un contrato social por el que cada ciudadano entrega, en usufructo, una parte de sus derechos políticos a un conjunto de representantes políticos elegidos democráticamente. De esta manera el ciudadano puede ocuparse libremente de las tareas que más le atañen en su vida diaria (familia, trabajo, ocio), sin tener que estar, como sucedía en la Grecia Clásica, preocupado por acudir al ágora para debatir acerca de leyes que, tal vez, ni siquiera sabe de qué van ni para qué sirven. Eso sí, el ciudadano no debe descuidarse de su cuota política, y así protegerla de demagogos y oportunistas a través de la libertad de expresión y el derecho a voto.

Todas las leyes de un Estado democrático no son democráticas; existen ciertas rémoras de un pasado predemocrático que, por su poder y conexiones, son difíciles, si no imposibles, de destruir. Así, a través del consenso de los ciudadanos, esas leyes predemocráticas se incorporan al cuerpo legislativo democrático. La monarquía es una de ellas: la ley que dice que la casa de Borbón regenta la jefatura de Estado en España, y esta se transmite hereditariamente, no nace en el momento en el que se constituye y aprueba la Constitución de 1977. Muy al contrario, surge en 1700, año de la coronación de Felipe V, una época en la que el espíritu revolucionario y democrático en Europa estaba aún por llegar. La monarquía es, por lo tanto, una institución no democrática que ha sido asimilada a la democracia a través de un acto de concesión de parte de la soberanía popular, recogido este en la Constitución de 1977.

La monarquía no es la excepción predemocrática española: tanto los Fueros del País Vasco y Navarra, como los acuerdos Iglesia-Estado se pergeñaron en momentos históricos en los que la palabra “democracia” estaba aún ausente del vocabulario español, y los españoles todavía siquiera habían recibido el título de “ciudadanos”. Se tenían que conformar con ser, simplemente, súbditos. A pesar de su incorporación a la vida democrática, las leyes predemocráticas emanan un aroma contrario a ella, y de ellas se pueden deducir ciertos privilegios a personas individuales, grupos o regiones. Nadie, más que el rey puede ser nombrado Jefe de Estado. Poco importa lo preparado y capacitado que yo esté para asumir las labores de representación de la nación; si yo no soy Borbón, no podré ser rey. Del mismo modo, por muy ventajosa que pueda ser la adquisición de una hacienda propia para, por ejemplo, el Principiado de Asturias o la Comunidad Valenciana, estas nunca podrán beneficiarse del control de sus finanzas. Ese es un derecho que solo se aplica a las comunidades forales de el País Vasco y Navarra. Y qué no decir de los acuerdos Iglesia-Estado, que permiten a la primera acceder, entre otras ventajas, a una serie de recursos económicos que superan con creces los gastos en acción social de esta entidad religiosa.

El advenimiento de la democracia en España ha exigido, entre otros pactos, la aceptación de estos hechos predemocráticos, con el fin de salvaguardar un consenso entre diferentes. Pero eso no significa que la corona, los fueros y los acuerdos con el Vaticano estén exentos de una pátina de no-democracia. Y es por eso que soy republicano; porque con la III República se eliminaría una institución predemocrática, y  se adaptaría la jefatura del Estado a una realidad absolutamente democrática. No se trata de una modificación esencial en el ordenamiento político de país. Como he dicho anteriormente, la república no nos haría mejores, más justos, o más guapos, puesto que nuestra bondad, justicia y belleza no están vinculadas con la representación de la nación. Razones estéticas, más que funcionales, pues, me llevan a solicitar el fin de la monarquía constitucional de 1977. Así, más que un republicano convencido, soy un republicano escéptico, puesto que no espero que la calidad de vida de la ciudadanía española mejore con la proclamación de un Presidente de la República.

El debate actual acerca de la monarquía gira sobre dos discursos absolutamente rígidos, implacables y excluyentes entre sí. Por una parte, están los férreos defensores de la Corona, que no aceptan críticas a la Casa Real y se amparan en la Carta Magna. Por otra parte, los republicanos antimonárquicos, que invaden el espacio público de opinión con soflamas, slóganes, frases hechas y tweets ocurrentes, en las que se percibe, al igual que en el caso del campo monárquico, una ausencia de reflexión, crítica constructiva y planteamientos pragmáticos. La virulencia con la que se enfrentan esos dos campos es tal que, aquellos que nos situamos en un área más moderada del debate, carecemos apenas de espacio para la expresión libre de nuestras opiniones. Nos convertimos, por arte de birbiloque en “republicanos de salón” o “monárquicos trasvestidos”. A los que hay que silenciar con insultos y desprecio.

Además, se corre el riesgo de transformar este debate en un melting-pot de exigencias y reivindicaciones que supere el ámbito de la jefatura del Estado. Y, así, aprovechar los cambios constitucionales que exigirían la transición de una monarquía parlamentaria a una república para obtener otros réditos políticos. Por ejemplo, la izquierda, impondría en la Constitución una serie de peticiones acerca del reparto de la riqueza que podrían lastrar, en ciertos momentos, el buen funcionamiento de la economía. O, a la derecha, se exigiría el supuesto derecho de autodeterminación de ciertos pueblos (pero no todos los pueblos). La constitución de una república en España debe ser guiada por los mismos espíritus que desembocaron en la monarquía parlamentaria que hoy en día disfrutamos: los de la reconciliación, la concordia y el consenso. Una república construida “a favor” de unos y “en contra” de los demás fracasará, como bien habría fracasado una monarquía en la que no se hubiese dado voz a los contrarios a la monarquía, como lo pueden ser los republicanos, comunistas o independentistas. Y, hoy por hoy, viendo que ciertos partidos políticos han tomado las riendas del republicanismo en España, y  lo utilizan como coto privado y exclusivo, con derecho a otorgar carnets de “buen republicano”, temo que el debate acerca de la jefatura de Estado no saldrá de la “pelea de bar” en la que se haya hoy en día enfangado.

En resumen, soy republicano, escéptico pero republicano. Tal como se enuncia ahora el debate sobre la monarquía, habrá quien me acuse de blando y capillita. Por ello, hago mía la cita de Tocqueville, que escribió en sus “Recuerdos de la Revolución de 1848”: “Pero, ¿de qué república se trata? Hay quienes entienden por república la dictadura ejercida en nombre de la libertad; otros que piensan que la república no solo debe cambiar las instituciones políticas, sino remodelar la sociedad por completo. También hay los que creen que la república debe ser conquistadora y propagandista. Yo no soy republicano de esa manera”.

 

Los culpables de esta crisis (y II): El nivel meso

Tal vez sea en el juego de los culpables a nivel meso donde la conspiración y la propaganda política se elevan a una categoría superior. Porque es en este punto donde entran en juego las instituciones de Estado y los gobiernos. El nivel meso de la responsabilidad de la crisis de Covid19 se sitúa en los ministerios de Sanidad y en los palacios del Gobierno. Hay quien acusa al Gobierno actual de España de falta de previsión: que esto se venía venir; que deberían haber cancelado las manifestaciones feministas del 8M cuando ya Europa estaba avisando de lo que se venía encima. También se critica cierta falta de estrategia frente a la crisis: día sí y otro también los diferentes ministros anuncian nuevas medidas que en realidad a veces son bandazos sin sentido (como el anuncio de la suspensión de toda actividad económica no esencial, en la que no se especificaban las actividades que se considerarían esenciales, y la posterior moratoria a dicha suspensión). Se le achaca una tremenda falta de coordinación entre proveedores y hospitales, entre diferentes servicios autonómicos de salud, entre sus propios ministros… Por otra parte, el gobierno acusa a la oposición de haber esquilmado el sistema público de salud, de haberlo transformado en un ente inerte, sin capacidad de respuesta ante esta crisis; de haber desmantelado el sistema público de salud para “hacer caja” con sus amigos empresarios.

Toda esta mala leche se vehiculiza a través de las redes sociales. Whatssap es un hervidero de mensajes, videos, audios y memes que narran la estulticia e impavidez de nuestros políticos, bien del gobierno, bien de la oposición. Todo depende de qué color sea la fuente del meme. O de quién le pague para crearlos. Porque las cadenas de estos mensajes, con claros objetivos propagandísticos, suelen ser iniciadas, no desde un ciudadano anónimo y cabreado, sino desde un laboratorio de trolls donde cocinan mensajes de odio y los venden al mejor postor. Es por eso que, cuando cualquiera de nosotros difundimos entre nuestros contactos uno de estos mensajes que critica al gobierno, a un ministro, a un líder de la oposición… sin haberlo previamente verificado, nos estamos comportando como meros vehículos de propaganda y manipulación política.

Es cierto que el Gobierno ha cometido errores de previsión. Si comparamos sus decisiones, no ya con la de países que probablemente se habían tomado en serio la epidemia desde antes de que esta cruzara sus fronteras (como pueden ser Alemania o Corea del Sur), sino con la de países con economías, formas de vida y situaciones políticas similares (por ejemplo, Grecia y Portugal), podremos observar que la decisión del confinamiento se ha hecho tarde y, tal vez, mal. Pero el cierre de un país es un tema demasiado serio como para tomarlo a la ligera. Las implicaciones económicas, sociales y sanitarias (porque en España la gente sigue enfermando de otras patologías diferentes al Covid19, y el confinamiento agrava estas patologías) son catastróficas. A un gobernante, por muy sólido y robusto que sea, le debe temblar el pulso a la hora de tomar semejante decisión. Que las medidas de aislamiento se hayan iniciado un día después de las manifestaciones del 8M son una muestra más de que el empecinamiento ideológico mueve muchas de las decisiones de los gobernantes. Hay veces que las cosas no se hacen porque sean correctas, sino porque a) gustan a los potenciales votantes y b) están en consonancia con el ideario político que se construye en ese momento. Ahora bien, no es lo mismo que la ministra Carmen Calvo cancele esas manifestaciones, que las cancele un ministro del PP. Porque ella tenía una capacidad de maniobra y una ascendencia feminista a ojos de la sociedad, muchísimo mayor que la que hubiera tenido cualquier dirigente conservador. Con una explicación somera, habría desactivado cualquier duda acerca de la cancelación de este evento.

Otro flagrante error de previsión se detecta cuando se analiza la captación de material de protección y de tests de detección del Covid19. Cuando la OMS alerta de una potencial pandemia, avisa que hay que prepararse, incluso cuando los datos de China no son tan devastadores (recordemos, menos de 4000 fallecidos en un país de 1400 millones de habitantes), el Estado ha de proveerse de las armas necesarias para actuar, en caso de necesidad, contra el germen. Probablemente si China hubiera sufrido un ataque terrorista con una décima parte de las víctimas que ya ha producido el coronavirus en ese país, el ministerio de Interior y Defensa habrían activado protocolos para comprar el armamento más eficaz para defenderse de esos terroristas. Si, además, Italia hubiera sido víctima de un ataque terrorista similar al chino, las medidas excepcionales habrían sido activadas en el minuto 1 de la confirmación del mismo.

Estrategia, táctica y operación. La estrategia es el horizonte a largo plazo de lo que se quiere conseguir: metas realizables, sólidas, realistas. Para el diseño de una buena estrategia es necesario, sobre todo, un buen olfato político: saber discernir de todos los cientos, miles de datos, a veces contradictorios, cuál es la dirección que hay que trazar para alcanzar el éxito. Y esto es lo que diferencia un buen político de un buen tecnócrata: el político sabe navegar en la incertidumbre, sabe trabajar en escenarios complejos con información sesgada e incompleta. El tecnócrata es un especialista que tiene un conocimiento exhaustivo sobre un tema concreto. El político particulariza desde un saber generalista. El tecnócrata generaliza desde su ámbito limitado de conocimiento. En momentos de crisis, el gobierno debe estar llevado por buenos políticos y no buenos tecnócratas. Estos últimos deben aceptar ser desplazados a otras áreas de decisión política, como lo son el asesoramiento científico y el planteamiento táctico. España, sin embargo, ha cometido el error, no ya de dejarse aconsejar por técnicos (eso es necesario y obligado), sino de no ser capaz de traducir a la acción política los consejos más o menos certeros que estos ofrecían. O, como en el desgraciado caso español, con el ejemplo de Fernando Simón, estos expertos han sido fagocitados por la política y se han convertido en meros títeres del Gobierno, con todos sus defectos. Los políticos españoles han abandonado cualquier estrategia, cualquier dirección fija que sirva de referencia, y han basado todo su trabajo en tácticas dispersas, desparramadas e incoherentes. El pollo sin cabeza camina sin dirección. Pero camina. Y si, tiene suerte, incluso hay veces que llega a la meta, que en su caso es el puchero.

El Gobierno posee un ejército de medios de comunicación progubernamentales, trolls y bots, a través de los cuales trata de descargar el pesado fardo de la responsabilidad con el argumento de la “herencia recibida”. Puede ser cierto que el Partido Popular, partido que hasta hace dos años y medio detentó el poder en el Gobierno de España, realizó ciertos recortes (bien por devoción ideológica, bien por imposición presupuestaria) en Sanidad e introdujo nuevas formas de gestión de lo público como lo son los hospitales de gestión directa con personalidad jurídica propia (empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios públicos…). Hay quien afirma que si la Sanidad ha reaccionado tarde y mal, ha sido por culpa de los recortes y cambios jurídico-administrativos que legó el gobierno de Rajoy a Pedro Sánchez. Que fueron ellos, los conservadores, los que dejaron al Sistema Público de Salud en un estado de ruina tal, que ahora es incompetente en el freno de la pandemia. Sin embargo, por muy impactantes que fueran los recortes que se le atribuyen a Mariano Rajoy, la sanidad española seguía encabezando, por lo menos hasta hace pocos meses, los rankings mundiales de calidad, eficiencia y equidad. Puede que los supuestos recortes a los que se aferran los entusiastas de Pedro Sanchez hayan mermado la capacidad de nuestro sistema sanitario a la hora de tratar patología crónica, dependencia o listas de espera quirúrgicas. Pero en una situación de emergencia aguda, como lo es la pandemia de Covid19, esto no cuenta. Porque la sanidad pública española tiene recursos suficientes como para hacer frente a esta enfermedad. Lo que pasa que hay que dirigir eficazmente estos recursos hacia la lucha contra el coronavirus. Algo de lo que ya no tiene responsabilidad (salvo en las comunidades autónomas donde gobierna) el PP. Y tampoco se puede achacarle la falta de respiradores en las UCIs. Es verdad que Alemania tiene más camas de UCIs que España. Pero, hasta la fecha del inicio de la pandemia en nuestro país, este número de camas cubría las necesidades de la población, y con creces. Una sanidad pública con un millón de repiradores, así como un número similar de sanitarios especializados en su manejo, sería insostenible. No es, pues, un problema de recorte crónico de recursos, sino de mala gestión aguda de los mismos.

No es menos cierto que la oposición, con sus medios de comunicación afines, sus trolls y bots, atacan inmisericordemente la gestión de un gobierno desbordado (lógicamente) por una situación catastrófica. Le acusan de una serie de malas prácticas que, posiblemente, el gobierno no tenga responsabilidad ello. Cada cierto tiempo se activa una alerta de epidemia en el sur de Asia. En 2002 se produjo en Catón (China) un brote de SARS que, aunque no llegó a convertirse en pandemia, tenía todos los ingredientes para ello. En 2012 el MERS puso en jaque a la OMS y las autoridades sanitarias de Oriente Medio. El Covid19 era muy similar a estos dos virus. La diferencia ha sido que este último ha sido capaz de extenderse sin medida por los cinco continentes. El gobierno español no tiene responsabilidad en la gestión que se ha hecho a nivel “macro” de este virus.

Por lo tanto, culpa no. Responsabilidad. El gobierno español deberá rendir cuentas por su falta de previsión a la hora de manejar la pandemia, y su incapacidad de activar los recursos sanitarios disponibles en tiempo y forma para proteger al mayor número de personas posible. Ahora bien, en situaciones de histeria y descontrol, donde la información es inestable y poco fidedigna, comete errores el que tiene que tomar decisiones. No le falta parte de razón a Pedro Sanchez cuando habla del “sesgo retrospectivo”. Pero este sesgo, ni los supuestos recortes en Sanidad del PP, sirven para ocultar las sombras de una gestión más que deficiente.

Cordones sanitarios contra Bildu y Vox, pero no contra los votantes de Bildu o Vox

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La nave de los locos. El Bosco (1450-1516).

La política española contemporánea se presenta como demasiado frentista, poco amiga de pactos o cesiones y, sobre todo, excesivamente volcada en la ortodoxia ideológica. Es por ello que se tienda a tildar de “extremista” a todo aquel cuyas ideas no coinciden con las del presunto “centrado”, pues todos tendemos a considerar nuestras opiniones como correctas y sanas y, por lo tanto, situadas en el centro de una supuesta balanza política. De este modo las arenas políticas de nuestro país se han llenado de fascistas, filoetarras, bolivarianos, estalinistas, franquistas y un largo elenco de “istas” que denotan la escasa tolerancia hacia el contrario.

No solo se acusa de extremismo a los líderes políticos que actúan como representantes de esas opciones ideológicas, sino a cualquier ciudadano que ose, por un solo momento de su vida electoral, a introducir en una urna un voto con una sigla concreta. Porque si el PSOE pacta con Podemos que pacta con Bildu, cualquiera que vote a los socialistas se transforma, por arte de magia, en un miembro del brazo político de ETA y, por ende, en un blanqueador de los crímenes que esta banda ha cometido durante décadas. Por otra parte, como C’s pacta con el PP que pacta con Vox, todos los votantes del partido de Inés Arrimadas se convierten en fachas adoradores de Francisco Franco. Cuando se hipertrofia el valor y las supuestas bondades de una ideología política, se niegan los defectos y limitaciones de la misma, y se exageran los defectos de los contrarios, se corre el riesgo de convertirse en un grotesco títere manejado a capricho por aquellos que mueven los hilos de su discurso político favorito.

Quizás en España existan dos sensibilidades políticas que sí puedan considerarse realmente “extremistas”: Bildu y Vox. No solo los ajenos, sino que los propios militantes de estas siglas aceptan, con honor y honra, esa etiqueta. Se tratan de dos partidos con posturas excesivamente marcadas e inamovibles, que crean un ambiente de hostilidad hacia el contrario. Esta intolerancia puede, incluso, como en el caso de Bildu, llevar a justificar, amparar y jalear acciones de neutralización y exterminación de aquellos que ellos consideran “enemigos”.

Desde un punto ideológico Bildu y Vox son diferentes. No hace falta más que ver el programa electoral de unos (izquierda radical) y otros (derecha ultraconservadora). Pero creo que, más allá de la ideología marxista de unos y la neoliberal de otros de otros, ambos comparten algo más importante que la teoría política que les separa, y eso es el método de hacer política y su empecinamiento por la eliminación de adversarios ideológicos en nombre de un supuesto bien mayor: Euskal Herria los primeros, España los segundos.

Cuando alguien que lleva viviendo cuarenta o cincuenta años en San Sebastián, por ejemplo, y sigue siendo considerado “extranjero” y “maketo” o, como sucedía no hace muchos años, es considerado “analfabeto” por no hablar euskera, poco le importan los programas económicos solidarios o de lucha contra el racismo del partido político que le insulta. Este lucharía contra el racismo, sí, pero a través la aniquilación de lo extraño, de modo que, una vez desaparecido el extraño, acabado el racismo: cruel hipocresía que no solo se tolera, sino que se aplaude desde algunos sectores sociales. Lo mismo sucede con esa encendida defensa de los españoles que toma como bandera Vox: ¿qué es ser español? ¿Quién es extranjero en una sociedad globalizada como la española? Como no existe una respuesta exacta y universal a estas dos cuestiones, los líderes de Vox se encargan de contestarlas según los criterios de españolidad que mejor les vienen a ellos.

Por eso no quiero que Bildu entre en el próximo Gobierno Vasco. Por eso quiero que se cree un cordón sanitario entorno a esas siglas, como se debería hacer también con Vox. No es posible un acuerdo moderado con ellos si no es cediendo y aceptando las posiciones  ultramontanas que tanto unos como otros defienden.

Y llegados aquí creo conveniente diferenciar a los votantes de Bildu o Vox de los dirigentes de Bildu o Vox.

Introducir un voto en una urna no te define ni como ciudadano ni como persona. La personalidad no queda impregnada automáticamente de todo aquello que afirman o recogen en su ideario los líderes de las formaciones políticas. La identidad de una persona va más allá de su elección de voto, como también va más allá de su raza, religión, equipo de fútbol, posicionamiento frente a la ciencia, lengua materna o, incluso si le gusta o no la piña en la pizza.

“Todos los votantes de Bildu/Vox son etarras, fascistas, tontos…”. Falso. La información que te da un voto no es lo suficientemente amplia como para llevar a cabo esas afirmaciones.

Todo lo contrario que los políticos de estas formaciones políticas. Porque ellos son líderes de opinión por el mero hecho de expresar en los medios de comunicación su afiliación a unos ideales recogidos en unos estatutos. Porque su parte privada queda en suspenso mientras se presentan públicamente como representantes políticos. La res política invade toda su personalidad, y es entonces cuando se puede lanzar calificaciones generalistas hacia Arnaldo Otegui o Santiago Abascal, acusándoles a uno de filoetarra y a otro de filofascista. Estas afirmaciones son juicios más o menos subjetivos, pero juicios, al fin y al cabo. Acusar de lo mismo a un votante de Bildu o Vox sería, por el contrario, un prejuicio.

Tengo amigos y compañeros de trabajo de Bildu. Son gente maravillosa en las que confío y con los que puedo discutir de asuntos políticos sin que nos sintamos ni ofendidos ni insultados. Ellos respetan mi punto de vista y yo el suyo. No conozco a nadie de Vox, pero seguro que también se daría la misma situación. Y si eso es posible, es porque el tema identitario vasco no está hipertrofiado artificialmente por políticos descerebrados (como es el caso del tal Torra en Cataluña) y no invade otros aspectos de la vida en sociedad, tan o más importantes que la política. En el momento en el que se le da excesiva importancia al ser/sentirse español, vasco, francés o canaco, entonces se rompe esa convivencia en la que diferentes pueden expresar libremente sus diferencias. Chomsky, Rowling, Atwood y otros que firmaron el manifiesto contra la intolerancia de la izquierda y la derecha tienen razón en criticar la excesiva rigidez ideológica que actualmente impide un franco diálogo entre contrarios, que no enemigos.

Por eso no quiero que Bildu entre en un gobierno. Por eso quiero que se cree un cordón sanitario entorno a esas siglas, como se debería hacer también con Vox. El acceso al poder de unos u otros generaría un clima de crispación artificial que desembocaría en una crisis social de consecuencias dramáticas e imprevisibles.

 

Los culpables de esta crisis (I): El nivel macro

Acostumbro a escribir las entradas de este blog aproximadamente tres meses antes de que se publiquen, lo que me ofrece, por una parte, tiempo suficiente tanto para una revisión tranquila y relajada, como para observar con perspectiva las ideas que, unas semanas antes, aparecieron por mi mente. En este momento medio mundo se encuentra recluido en casa debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid19. Ojalá que, para cuando estas palabras vean la luz, todos nosotros ya deambulemos libres y desprejuiciados por las calles. Para entonces, algunos de los vaticinios que aquí recojo ya se habrán cumplido, o no. Independientemente de ello, expresan una opinión y un sentir personal en un tiempo y circunstancias concretas, por lo que no hay que juzgarlos en base a su veracidad, sino más bien en su voluntad de verdad.

Una de las reacciones más humanas que surge en momentos como el que vivimos es el de la búsqueda de culpables de la crisis que asola nuestras casas, calles, empresas y hospitales. Y, como no, solemos encontrar a nuestros chivos expiatorios en las figuras de los políticos que tienen que dar la cara día tras día en los medios de comunicación, además de tomar decisiones a veces drásticas e impopulares; pocas exitosas, muchas inefectivas y, todas, desde la incertidumbre. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, poseemos unos excelentes sistemas de salud y de control de epidemias. Excelentes pero imperfectos: no podía ser de otro modo. Aunque los sistemas digitales y los algoritmos que cada vez más controlan nuestro día a día se afanen en convencernos de lo contrario, la vida humana no puede reducirse a hechos y acciones que puedan manejarse desde la no-contradicción aristotélica o el racionalismo cartesiano más estricto. Nuestros sistemas no son infalibles. El futuro no se controla a través de modelos complejos de predicción.

Esa parte trágica de la naturaleza de lo humano no es aceptada por la sociedad, la cual exige cabezas cada vez que algo sale mal. Y los políticos lo saben. Y se protegen. Cualquiera que estos días encienda un teléfono móvil o abra una cuenta de redes sociales va a recibir decenas, cientos, miles de mensajes “reenviados” donde bien se critica la gestión del gobierno, bien se achaca al gobierno anterior la incapacidad del sistema sanitario actual de absorber una avalancha masiva y sin precedentes de pacientes infectados con Covid19. Y eso dejando aparte las teorías conspiranoicas, los victimismos de unos, las ansias de heroicidad de los otros, los expertos en todo y en nada, o los “cuñaos” 2.0.

La culpa de la gestión de la crisis del coronavirus se puede repartir a nivel macro, meso y micro. Según cual sea el momento y las necesidades emocionales del sujeto en cuestión, este podrá echar mano de alguna de estas figuras para descargar la tensión que le supone el estar encerrado sine die en casa, haber perdido el empleo, o no tener noticias de algún allegado que ha sido ingresado en la UCI de un hospital colapsado. Y si el cuitado no posee imaginación suficiente como para tejer por su cuenta un hilo argumental que apoye ese sentimiento, solo tiene que encender la pantalla del ordenador para encontrar cientos de ejemplos y alternativas.

Los macroculpables imaginarios de la crisis del Covid19 son las naciones y grandes corporaciones industriales que, con la expansión del virus, buscan algún funesto beneficio. Así, hay quien cree que el coronavirus se gestó en algún laboratorio chino, con la complicidad de Corea del Sur, para acabar con la estirpe blanca occidental y, así, convertirse en dueños y señores del mundo. O que cierto magnate de la informática financió la gestación de esta pandemia para luego lucrarse con la venta de las vacunas que alguna de sus filiales farmacológicas ya habría sintetizado. La culpabilidad a nivel macro suele adolecer de tufo a telefilm de serie B: unos señores oscuros y poderosos, con capacidad de predecir y controlar el futuro, lanzan un virus mortal a través del cual conquistar el mundo. Sin embargo, la historia del coronavirus es tan insulsa y aburrida como la de cualquier vulgar virus de la gripe: pertenece a una familia de virus con alto potencial mutagénico. Entre las millones o miles de millones de posibilidades de mutación, una lo convierte en un potencial agente patógeno muy infectivo para la especie humana. Solo hace falta que el vector animal que contiene ese virus mutado entre en contacto con una persona para que este se disemine a lo largo y ancho del mundo. Sucede así, todos los años con el virus de la gripe y del catarro. Y este año, también le ha tocado el turno a un coronavirus. Se dice que el virus estaba en un pangolín, en un murciélago… Quién lo sabe. Tal vez sea imposible localizar el origen de la pandemia, y todas esas especulaciones alimentan la mítica y mística entorno al coronavirus.

A nivel macro hay dos grandes responsables en esta crisis: China y la OMS. El gigante asiático se ha visto desbordado por un problema que, primero ignoró, segundo silenció y tercero manipuló. El gobierno chino nunca sabrá realmente cuántas víctimas se ha llevado por delante el Covid19 en Wuhan y otras zonas del país. Pero, probablemente, maneja unas cifras de infectados y fallecidos que para nada tienen que ver con esas irrisorias estadísticas que ha publicado oficialmente (y que nadie se atreve a contestar). La censura a la que nos tiene acostumbrada esa tiranía ha permitido que no se conozca la realidad. Solo sabemos de China lo que el gobierno chino quiere que sepamos de ella. Tan solo hemos recibido la propaganda manipulada con la que China ha tratado de demostrar al mundo su capacidad a la hora de luchar contra el virus. La OMS tendría que haber sido más valiente en sus denuncias contra las autoridades chinas, y haber elevado el número de víctimas por Covid19 en ese país multiplicándolo por un factor logarítmico de 3.

A la vez que se lucha contra la enfermedad, en los gabinetes políticos de todo el mundo se está gestando una batalla geopolítica sin precedentes por silenciar las víctimas y mostrar al público una gestión sanitaria sin error ni mácula. Quien quede en lo más alto del pedestal contará con más medios y recursos financieros que aquellos que, aunque tal vez con menos víctimas y mejor sanidad, hayan sido demasiado transparentes en la comunicación de este desastre. No solo se está jugando ahora mismo la batalla por la vida presente de los enfermos, sino la vida futura de sociedades que ya han visto mermados sus recursos económicos y tienen que posicionarse en la línea de salida de una carrera por la recuperación donde decenas, sino cientos, de participantes se van a dar de codazos para ser los primeros en llegar a la meta.

Recursos culturales y madurez social

Hay un término que se utiliza de modo bastante corriente en la jerga popular, y es el de la “madurez” de una sociedad. Lo utilizó Jose María Aznar tras los resultados de las elecciones al parlamento vasco de 2001, atribuyendo a los vascos una “falta de madurez” para el cambio. Otros nacionalistas, como pueden ser los vascos o catalanes, también gustan de alardear acerca de la madurez de “sus” sociedades a la hora de poner en valor algunos éxitos sociales, económicos, culturales de sus comunidades autónomas. O, simplemente, utilizan la madurez como elemento de comparación frente a otra sociedad que ellos consideren inmadura.

Sin embargo, la madurez de una sociedad no puede ser medida. De hecho, se trata de un concepto indefinible, complejo, en el que intervienen múltiples factores multivariantes e interrelacionados. Si alguien define la madurez de una sociedad, es a riesgo de manipular los criterios de la definición para, posiblemente, obtener un resultado que ya había sido planteado a priori. La articulación y medición de la madurez social nos situan enfrente del mismo problema que el de los modelos complejos: la madurez social cuenta con elementos conocidos y medibles (o transformables en números), conocidos y no medibles (que no pueden ser trasladados a una fórmula matemática), conocidos e ignorados (que se rechazan por alterar, bien nuestra definición, bien el resultado deseado de nuestro cálculo), desconocidos y, finalmente, también con elementos impredecibles.

Un claro ejemplo de supuesta madurez social la encontramos en los países escandinavos. los diferentes modelos de construcción social encuentran aquí un lecho inmejorable de desarrollo, hasta el punto de que, naciones tan dispares como Noruega o Finlandia obtengan las notas más altas en los rankings de desarrollo, bienestar y felicidad. Tal vez incluso se podría ampliar la órbita escandinava a otros países que, aunque geográfica e históricamente están más distantes, presentan ciertas similitudes en el funcionamiento de estas sociedades, como lo pueden ser Holanda y Suiza.

Sin embargo, eso de que, por ejemplo, la sociedad noruega es más madura que la española, eso es absolutamente falso. Porque las variables que se utilizan están viciadas y sesgadas de entrada, además que se trata de una conclusión obtenida a partir de un análisis ad hoc. Pero, sobre todo, este resultado precisa de la omisión de otros criterios que, aunque influyen en la medición de la madurez social, su inclusión complicarían la medición y desvirtuarían los resultados que, de antemano, se desean conseguir.

En primer lugar cabe definir qué es un recurso cultural: un fragmento o unidad de cultura entendida como “repertorio total de pautas de comportamiento –técnicas materiales y también espirituales (magia, culto, etc.), mores o usos, interpretaciones de la realidad- de que dispone una comunidad, por transmisión a cada uno de sus miembros” (Jose Luís Aranguren). El recurso cultural es incompatible con la identidad cultural. La razón de existir del primero es su utilidad, uso y divulgación de mano de todas aquellas personas que, independientemente de su origen, raza o religión, desean hacer uso de ese recurso cultural. El recurso cultural no se protege; no pertenece a un grupo limitado de individuos cuya razón de ser y existir depende de la supervivencia de ese hecho cultural, como así sucede cuando se habla de identidad cultural. Es ciertos que existen recursos culturales extendidos: fragmentos de cultura que utiliza una parte considerable de una comunidad de personas. Por ejemplo, el castellano y el euskera serían recursos culturales extendidos en el País Vasco. Los vascos no poseerían el castellano o el euskera, no sería una propiedad o un vínculo sin el cual la existencia de esa comunidad se vería amenazada: se tratan de recursos culturales que los vascos utilizan, en este caso, para comunicarse. A pesar de la existencia de estos recursos culturales extendidos, cada persona crea su propio “composite” de recursos culturales, de modo que la sociedad se comportaría como un “metacomposite” de recursos culturales, sumatorio de todas las complejas interrelaciones culturales humanas que se producen en su seno.

A partir de ahí, y tomando la referencia (discutible) sobre la que Max Weber excribió su “Ética Protestante” , podríamos considerar que Noruega atesora un metacomposite de recursos culturales diferentes al de España. Y entre las diferencias se encuentra, por ejemplo, el recurso cultural extendido de la religión luterana. Hay dos diferencias importantísimas entre los credos católico y luterano. La primera es la diferencia en la concepción del éxito y el emprendimiento. Mientras que el catolicismo se centra en la misericordia hacia el pobre, en el luteranismo y, más aún en el calvinismo y puritanismo, se ha desarrollado una fe en el éxito económico como buen signo de “predestinación” divina.

Por otra parte, Max Weber diferencia entre la ética católica y la protestante. La primera se basa en el intentio, en el valor de cada acción: cada persona acumularía acciones buenas y acciones malas, las cuales computarían sobre su destino después de la muerte. La ética protestante, sin embargo, es más metódica, más sistematizada. No tendrá ya ninguna utilidad el saldo expiatorio católico, mediante el cual los pecados pueden “limpiarse” con buenas acciones; “porque los efectos de la gracia, la ascensión del hombre del status naturae al status gratiae, solo podían lograrse mediante una transformación del sentido de la vida en cada hora y en cada acción”.

Estas dos condiciones (apología del éxito empresarial y el character indelebelis de los buenos ciudadanos) son vitales para un paso más allá en la comprensión de la organización del control social. Byung-Chul Han diferencia las sociedades de la obediencia, controladas tanto por leyes externas como por jueces; y sociedades del rendimiento, en las que cada persona interioriza la ley y la satisface sin necesidad de un juez vigilante. España tendería a ser más una sociedad de la obediencia, y Noruega, una sociedad del rendimiento, sin que ni una ni otra se puedan considerar como sociedades puras de la obediencia o del rendimiento.

Tal vez pueda parecer que una sociedad del rendimiento sea más avanzada o madura que una del deber. Falso. Al fin y al cabo, lo que esconden una y otra detrás de esos mecanismos de control social, algunos de ellos muy sutiles y tremendamente eficaces, es una violencia, brutal y deshumanizadora, que somete al productor (en Noruega y España serían los inmigrantes, los marginados y, como vivimos en una sociedad global, también el Tercer Mundo) , empodera al acaparador (no solo los empresarios y banqueros, tú y yo también seríamos los acaparadores de una sociedad global) y ampara la distribución desigual del excedente, a favor de los últimos, y a costa de los primeros.

Por lo tanto, habría que utilizar el concepto de “madurez social” para realizar comparaciones entre diferentes comunidades humanas. Primero, porque según cómo se defina, se obtendrán unos u otros resultados. Segundo, porque las comunidades no son propietarias de unos contenidos culturales únicos e intransferibles, que no puedan ser extendidos y compartidos por otras comunidades. Y, tercero, porque más allá de la supuesta “madurez social”, existe unas estructuras de control que afectan a todas las sociedades y limitan la capacidad de pensar y actuar de todos sus miembros.

Globalización y nacionalismo

Ciertamente, los Estados-nación están en crisis. El concepto de soberanía nacional, que fue implantado en Europa cuando todavía resonaban los ecos de las últimas batallas de la Guerra de los Treinta Años, pierde vigencia en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la construcción social basada en Estados-nación se trata de un paradigma que ha sobrevivido a múltiples crisis, ante las cuales ha sabido articularse y redefinirse para no perder así transcendencia. Y el momento actual no es una excepción.

Tal vez la mayor crisis vivida por este paradigma se produjo durante las revoluciones de los siglos XVIII y XIX. El Estado-nación clásico había sido diseñado ideológicamente en base a un solo soberano. Los monarcas europeos absolutos (con la única excepción de la monarquía parlamentaria británica) condensaban en su figura el poder soberano sobre un territorio demarcado geográficamente por unas fronteras, en aquella época bastante dudosas y muy lábiles. Previamente, antes del Tratado de Westfalia, en 1648, este poder estaba repartido en tres niveles: uno subnacional, en manos de una aristocracia todavía feudal; otro nacional, encarnado por el rey; y un último supra o transnacional, que era ejercido por el Papa de Roma. Los cambios socioeconómicos producidos en los últimas décadas, gracias a los descubrimientos geográficos; y el establecimiento de la Reforma de Lutero en varios estados del centro de Europa produjeron una profunda crisis en este sistema feudal, el cual fue sustituido, tal vez no sin muchos temores y dudas, por el del Estado-nación.

Durante las décadas que sucedieron a la Paz de Westfalia se fueron desarrollando argumentos intelectuales que apoyaban y fundamentaban ideológicamente esa transformación de la política europea. Así surgió el historicismo primitivo, basado en el análisis de la cultura del Estado-nación como un hecho único, exclusivo e irrepetible, solo reproducible dentro de las fronteras de dicho Estado-nación, y por las gentes autóctonas que, genética o racialmente, están destinadas a desarrollarlo. El historicismo cultural de Giambattista Vico o Johann Gottfried Herder ayudó a establecer, no solo unas fronteras políticas “naturales”, sino también a crear unos vínculos de unidad entre los súbditos que cumplían con las exigencias étnicas y culturales impuestas por estos protohistoricistas.

La caída de los monarcas absolutos podría haber acabado también con los Estados-nación. Porque durante las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX desaparecen paulatinamente esas figuras absolutas que encarnaban el soberano del Estado-nación. Tras ellos, el soberano se fragmenta en cientos de miles, si no millones, de pedazos que son repartidos entre los ciudadanos de esas nuevas sociedades que empezaban a bostezar. Un modelo político como es el del Estado-nación, cimentado a hierro y fuego sobre las monarquías absolutas (un solo estado, un solo soberano) no tenía razón de ser en un nuevo modelo de soberanía compartida.

Sin embargo, tras el fracaso del ecumenismo ilustrado que forjó la Revolución Francesa y su primera constitución, ese protohistoricismo cultural que había sido desarrollado para sostener ideológicamente a los monarcas absolutos, fue reinterpretado con éxito en clave política por las facciones más conservadoras, no por ello menos modernas, de las Luces. Y fue así como nació el nacionalismo político, cuyos mimbres fundacionales son exactamente los mismos que los del historicismo cultural: unidad territorial “natural”, diferenciación étnica, mitificación de unos recursos culturales propios e intransferibles.  Para ello no dudo en manipular la historia para crear un modelo estandarizado de ciudadano-soberano, frente al cual todas las personas de una supuesta nación, bien se sentían identificadas, bien estaban obligadas a modificar su identidad para aproximarse a esa imagen. Aunque los criterios de homogeneización eran mucho más amplios, tal vez, por evidentes, hubo tres sobre los que se forjó el nuevo espíritu nacional: raza, lengua y religión. De este modo, el nacionalismo logró mantener la unidad del Estado-nación en un momento en el que se disgregaba el soberano. De estos tres, por lo menos en Europa, aún todavía el criterio de la lengua sobrevive como elemento fundador y segregador de naciones. El criterio racial se ha eliminado (oficialmente) por haberse convertido en tabú, y el religioso aún impera en ciertas regiones (Irlanda del Norte, Balcanes).

Tras la caída del muro de Berlín y el advenimiento (según la ideología neoliberal) del final de la historia, se inició un proceso político globalizador en el planeta. Las fronteras, hasta entonces herméticas y casi impenetrables, se transformaron en inoperantes aduanas que podían ser atravesadas, apenas sin trabas, por mercancías, capital y seres humanos. El paradigma del Estado-nación volvía a tambalearse: si en el siglo XIX sufrió la amenaza de la fragmentación del soberano, en el XXI se enfrentaba a una unificación transnacional de las economías, las políticas, las culturas y, hasta cierto punto, también las sociedades. La globalización, al transformar las fronteras en un elemento caduco, mostraba la debilidad de la idea de ese Estado-nación sobre el que se dibujaba el mapa político del planeta.

Globalización y nacionalismo se podrían considerar términos excluyentes. Pero eso solo sucede en la teoría. Porque, cuando ambos conceptos se aplican a la realidad política y social actual, no solo son capaces de convivir, sino que, además el primero potencia al segundo, y viceversa. La globalización naif de finales del siglo XX y principios de XXI ha sido sustituida por una supuestamente todorracionalista eliminación fragmentaria de bordes fronterizos. A pesar de su clamorosa asociación con el capitalismo más salvaje, la globalización primigenia abarcaba, no solo una libre circulación de bienes y capital, sino además, una normalización de las leyes, una apertura de fronteras a trabajadores extranjeros, un enrequicimiento cultural a partir de la comunión de múltiples recursos culturales sitos en diferentes países. La globalización iba a beneficiar a ricos y pobres, pues abría a todos ellos más oportunidades para medrar, enriquecerse y desarrollarse. Sin embargo, lo que nació como una globalización “global” pasó a transformarse en una globalización “parcial”, donde la única libertad de movimientos quedaba restringida a los bienes y capital. De este modo, la globalización solo beneficia a las élites: a aquellos que poseen más capital, más conocimientos o están más preparados para competir. Las clases altas y medias-altas prosperan. La clase media empobrece. La clase baja debe competir por las migajas de las ayudas sociales con unos inmigrantes, legales o ilegales, que malviven en peores condiciones. La confianza en la globalización neoliberal y elitista se resquebraja en el seno de una sociedad que, sin embargo, ya se ha convertido en dependiente de sus productos (teléfonos móviles inteligentes, monopolios de venta on-line, redes sociales…). El sistema está en crisis, y la globalización necesita de un buffer que sea capaz de neutralizar el malestar de las masas abandonadas y encolerizadas. Y ahí entra en juego el nacionalismo.

El político nacionalista arengará contra la globalización, acusándola de elitista. Pero a su vez, se dirigirá únicamente hacia un grupo de ciudadanos a los que ese político nacionalista atribuirá una supremacía moral, étnica, cultural… frente a una vasta plebe de rufianes y ladrones, cuyo únicos objetivos son tanto crear sensación de inseguridad en el ciudadano medio como destruir la nación que las buenas gentes tanto aman. El nacionalismo ofrece aquello que la globalización niega a las masas: sentimiento de superioridad. Gracias a ese sentimiento, las masas, no solo dormirán tranquilas, satisfechas por haber nacido en lugar concreto, hablar cierta lengua, o adorar a cierto dios, sino que esa satisfacción anestesiará los sentimientos contrarios a la globalización neoliberal. La élite global se unirá así a la élite nacional en contra de sus enemigos comunes: los metecos, los desposeídos, los marginados.

Ciertamente, los Estados-nación están en crisis. Pero la nueva articulación de este paradigma, a través del cual la ideología nacionalista se centra en alimentar un sentimiento de elitismo y superioridad, no solo le salva, sino que, al ir de la mano del poder económico y político reinante, que es el globalismo neoliberal, el nacionalismo se vigoriza, gana adeptos, pero, a la vez también, desgraciadamente, rompe comunidades antaño conciliadas. La globalización azuza el identarismo tribal y, con ello, desplaza el malestar de las gentes más humildes, que ya no odiarán a Uber, Amazon o Tik Tok, sino al español que vive en Cataluña, al magrebí que trabaja de jornalero en El Éjido, o al profesor donostiarra al que más pronto que tarde desterrarán de su ciudad por no hablar correctamente euskera.

Estrategia, plan, acción: desconfinamiento de niños y renta básica universal

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Bien. Aplausos. Ahora dejémosnos de tweets, slóganes y obviedades.

Está claro que vivimos una situación de emergencia social donde hay mucha gente, cientos de miles, si no millones, que se encuentran en el abismo de la pobreza. No hay duda de que el Estado, que somos a fin de cuentas todos nosotros, tiene que ayudarles en la medida que se pueda. Pero todo no vale para argumentar y justificar todo.

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Un problema puede tener varias soluciones. En sistemas complejos, como es el caso de la política, se debe decidir por qué salida optar en un ambiente de incertidumbre. La línea roja indica cuál es la estrategia a tomar, esto es, el objetivo de la acción política. En el momento de la decisión no es posible conocer si la salida elegida es la más conveniente.

En primer lugar: Estrategia. Visión a largo plazo. Dónde estamos y a dónde queremos ir. Objetivos razonables, realistas, cercanos a las circunstancias que se viven. Esa es la labor del político: navegar en la incertidumbre, sobre datos incompletos y contradictorios. Este Gobierno carece de una estrategia: modifica su rumbo dia a día, hora a hora, ministerio a ministerio. Por ejemplo, una renta básica universal, un salario social, o una renta anual garantizada pueden ser buenas medidas, pero solo si están dentro de una estrategia única, bien diseñada y, sobre todo, bien dirigida. Y, visto que en un tema más sencillo como lo es la organización de una estrategia de desconfinamiento limitado de niños, bien no hay estrategia, bien hay muchos vicepresidentes y ministros que la desconocen o la ignoran.

táctica-estrategia
Una vez decidida la estrategia, hay que organizar una táctica que afronte los obstáculos con los que se va a encontrar la acción política a la hora de alcanzar los objetivos. De todas las acciones posibles existentes, hay que elegir aquellas que se alineen con el objetivo. Así, en este caso, hay tres tácticas exitosas que nos llevarán a la salida elegida (la número uno): 1a-2a-3a, 1a-2a-3b, 1a-2b-3b. El resto de acciones, aunque bienintencionadas e, incluso, útiles en otras circunstancias, no pueden ser tomadas en cuenta, so pena de fracasar en el proyecto político.

 

En segundo lugar: Planificación. Visión a medio plazo. Desarrollar los cimientos que sostengan la estrategia. Trabajo de tecnócratas. Esto es: que las medidas, acciones y leyes se encaminen inequívocamente hacia el objetivo fijado por la estrategia. Por ejemplo, una renta básica universal, un salario social, o una renta anual garantizada serán buenas propuestas si están alineadas con la estrategia, con el objetivo. Si, por el contrario forma parte de un paquete de medidas propagandistas, que no tienen absolutamente ningún vínculo entre sí, por muy buena intención que se haya puesto en ella, fracasará. El gobierno va anunciando medidas sin ton ni son, sin una mínima coherencia interna, como pollo sin cabeza: es cierto que alguna vez el pollo sin cabeza alcanza su meta, que es el puchero. Pero eso es excepcional.

Por último: acción. Hay decenas de ejemplos pasados de medidas aprobadas por gobiernos de todos los colores que acabaron en el más absoluto fiasco: el cheque-bebé, plan E… Ahora mismo el Gobierno ha emprendido tres proyectos que tienen una vertiente más electoral y de autobombo que de verdadero desarrollo social: las ayudas de las empleadas del hogar (solo 1/3 de ellas pueden beneficiarse de las ayudas), ICO para PYMEs (El Estado solo avala una parte del crédito y se lleva el 50% de los intereses, lo que frena la aprobación de los creditos por parte de los bancos) y las ayudas para el alquiler (muy difíciles de conseguir, si no imposibles). Si la renta básica universal, el salario social o la renta anual garantizada que propone el Gobierno va por la misma senda, acabará en el baúl de los fracasos. Y lo que es peor, obstaculizará la puesta en marcha de otras medidas que, más o menos ambiciosas, pero sí alineadas con una estrategia y planificación claras, podrían mejorar la situación extrema que muchas personas viven en este país.

No todo vale. No todo puede justificarse con un discurso bienintencionado. Es tiempo de políticos. Y no solo de políticos en el Gobierno. También hace falta políticos en la Oposición