Reflexiones sobre del doce de octubre (2020)

Lo que trajo Cristóbal Colón y no se enseña en los colegios
Lo que trajo Cristóbal Colón y no se enseña en los colegios

Creo que si ha habido una conquista occidental que se ha analizado desde una perspectiva crítica, esa es la española.

El genocidio indígena que perpetraron los conquistadores desde el siglo XVI hasta el XIX ha sido mirado por lupa por historiadores españoles o extranjeros (sobre todo ingleses, que tenían razones para extender una “leyenda negra” que suavizara los crímenes que ellos mismos cometían).

Ya Bartolomé de las Casas denunció los abusos cometidos sobre los indígenas. Mucho más contemporáneo, también está perfectamente estudiado, y reprobado el genocidio Selknam (aunque dudo que sea considerado como crimen español, podría englobarse dentro del ámbito de la “conquista occidental de Sudamérica”).

Es cierto que esta crítica de la conquista española de América es incompleta. Por ejemplo, queda, tal vez, analizar desde una perspectiva histórica el tráfico de esclavos por parte del imperio español, que ha permanecido oculto detrás de las barbaridades cometidas por portugueses, ingleses y franceses. Pero que existió, y fue brutal. Como que el mismo Bartolomé de las Casas, tan benefactor de los indígenas, impulsó el esclavismo africano.

En mi opinión, el problema no radica en la invisibilización de unos crímenes de lesa humanidad, cometidos en nombre de Dios o del progreso. No son los españoles los genocidios más censurados (acordémonos de los intentos de ocultación por parte de los británicos de la hambruna sistemática de Bengala de 1943, autorizada y dirigida por Sir Winston Churchill). Están ahí, en los libros de historia que manejan los niños de primaria y secundaria.

El verdadero problema se sitúa en la mitificación y mistificación del “Descubrimiento de América”, como evento histórico positivo; algo que se sigue realizando desde muchas instituciones políticas españolas. Es cierto que el primer viaje de Colón alteró, para siempre, las estructuras sociopolíticas y económicas del viejo continente, pero esta revolución no debería ser analizada exclusivamente como un avance de la Humanidad.

No necesitamos ni “leyendas negras” ni “historias nacionales”, ambas ellas manipulaciones históricas con las que ciertas movimientos políticos tratan de justificar su animadversión o su amor hacia una patria, una supuesta raza o una ideología política. Necesitamos una historia explicativa, lo más aséptica posible, que explique, mas no interprete, por qué somos como somos y por qué hemos llegado a donde hemos llegado.

Como alguna vez ya he escrito, llega un momento en el que los hechos históricos dejan de pertenecer a una comunidad concreta, y pasan a ser patrimonio de toda la Humanidad: las pirámides de Egipto, pero también las masacres de Gengis Khan. El Quijote, pero también los crímenes de la Conquista de América. La teoría de la relatividad, pero también los campos de concentración nazis. Humanos fueron los que crearon esas obras maravillosas, pero también humanos fueron los que cometieron esas barbaridades.

Intolerantes: microrracismos, micromachismos, microhomofobias

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La esposa (The beloved). Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

Desde hace varios años vivimos en una especie de esquizofrenia hard, en la cual existe una clara discrepancia entre nuestros modos de pensar y los modos de expresar nuestros pensamientos. Así, todavía cogitamos según las estructuras adquiridas por las sociedades alfabetizadas mediante textos impresos, de manera que todo aquello que leemos en un libro, un panfleto o, mismamente, en este blog, lo asimilamos como si el contenido fuera estable (que lo es, en mucha medida, sobre todo en el papel impreso), unidireccional (del autor hacia el lector, sin que haya lugar a feed-back) y canónico (en el texto se reconoce indudablemente la voluntad, sentimientos e ideas de aquel que lo ha escrito). Sin embargo, la revoluciones tecnológicas en el ámbito de la cultura han ido demoliendo, desde los años 70, ese modelo de pensamiento “a lo Gutenberg” en el cual hemos sido educados, y en el cual todavía aún educamos a las futuras generaciones. Y es que el texto ya no es estable. Cualquiera puede apropiarse de una pieza de cultura para transformarla según sus deseos y necesidades, como podemos observar todos los días en los miles de memes que recibimos por mensajería instantánea y redes sociales. Además, sobre todo desde la aparición de la web 2.0, el lector puede interactuar, no ya solamente con el mismo el autor, sino también con miles de otros lectores, editores, supervisores de foros… Toda estas reinterpretaciones, recontextualizaciones y publicaciones de opiniones destruyen todo atisbo de canonicidad del texto impreso: este ya nunca más expresará la voluntad, sentimientos e ideas de aquel que lo ha escrito, sino de todos aquellos que lo leen.

Y es en este ecosistema cultural ciertamente esquizofrénico en el cual todos nosotros expresamos de manera más o menos libre nuestras opiniones e ideas. Creemos que estas dan forma y contenido a nuestros pensamientos más íntimos y verdaderos y que son recibidos por los demás de este modo. Sin embargo, no es así: en el momento en el que publicamos algo en un blog o una red social estamos corriendo el riesgo de que nuestro texto sea interpretado y contextualizado en modos muy lejanos de aquel que dio origen a nuestro primer impulso creador. Y, así, de una inocente (o no tan inocente) opinión política pueden extraerse una serie de interpretaciones racistas, machistas y homófobas que, en ningún momento, habían ni siquiera rondado por la mente dela autor.

Hay intolerantes. Estos se expresan clara y abiertamente, sobre todo en los actuales tiempos del populismo, donde un establishment analfabeto e inculto justifica, alienta e incita la cizaña. Ahora los intolerantes, libres de censuras, pueden expresar libremente su odio al moro o al negro; su convencimiento de que las mujeres son más débiles e intelectualmente inferiores a los hombres; o la idea mezquina de que el colectivo LGTB+ está enfermo. Los intolerantes siempre han existido, pero el discurso imperante en la sociedad coartaba la manifestación de sus opiniones. Ahora, desde los altavoces de la política, la ciencia y la cultura se les arenga a que escupan todo ese odio y esa rabia que han contenido durante décadas de “represión”, perpetrada a mano de hierro por los “buenistas”, las “feminazis”, y los “depravados sexuales”.

Pero hay que diferenciar la macrointolerancia que acabo de describir de esas microintolerancias que trufan la expresión pública de nuestras ideas y opiniones. Aunque no seamos, ideológica o emocionalmente, racistas, machistas o homófobos, hemos de comprender, aceptar y tolerar que parte de la estructura de nuestro pensamiento y, sobre todo, la expresión oral y escrita del mismo, viene condicionada por automatismos sociales que aprendemos desde nuestra infancia y que recuperamos un día tras otro en nuestra comunicación cotidiana con el otro. Y, dentro de esos automatismos sociales, hay algunos que, sin duda alguna, están influenciados por tendencias racistas, machistas u homófobas. No es que seamos intolerantes, ni siquiera que la misma sociedad sea intolerante, pero el Discurso que manejamos, aunque trata (o trataba hasta no hace mucho) de censurar la expresión de ciertos contenidos no tolerados, acepta ciertas formas de expresión de esas intolerancias. Hasta no hace mucho, muchas personas que hoy se escandalizan, reían con el sketch de Martes y Trece de “mi marido me pega”. No es que antes fueran unos apologistas del feminicidio y hoy unos activistas radicales contra la violencia machista. Es que el Discurso de época en la que se concibió ese sketch no había integrado este tipo de violencia dentro de su repertorio de censuras. No es que en 1991 fuéramos más machistas que en 2020, sino que en 1991 el marco epistémico en el que nos movíamos no imponía un tabú a los chistes de mujeres maltratadas. Y aún en 2020 existen ciertas expresiones toleradas que contienen, o se puede interpretar que contienen, microrracismos, micromachismos o microhomofobias. Las cuales se expresan libremente porque, como sucedía a Martes y Trece hace casi 30 años, no existe un tabú o censura que los elimine.

Nadie está libre, pues, de expresar o publicar una microintolerancia. Muchas veces no nos daremos ni cuenta, y tan solo cuando la reinterpretación y recontextualización de un receptor que sí haya descifrado esa microintolerancia llegue a nuestros oídos, entonces será cuando podremos analizarla y juzgarla. La respuesta que demos a nuestra microintolerancia no es única. Puede que aquel que la haya detectado sea un ofendidito que afee nuestra opinión hasta el punto de juzgar todo nuestro sistema de pensamiento a partir de esa minúscula pieza de información. Probablemente nuestra postura ante tal escarnio sea el de defensa y ataque; puede incluso que el sentimiento de indignación que nos provoque el ofendidito nos lleve a justificar a aquellos que defienden la expresión de macrointolerancias. No éramos machistas, pero el hecho de que una asociación antipatriarcado nos acuse de genocidas de mujeres por expresar ciertas dudas acerca de su ideario, puede llevarnos a abrazar el machismo más recalcitrante. Pero también puede suceder que aquel que ha decodificado la microintolerancia, lo exprese de modo tranquilo, justificado y nada hiriente. “¡Eh tú, cuidado! Fíjate lo que has dicho. Puede ser malinterpretado por alguien”. Es entonces cuando podemos asimilarlo y, así, aprender de nuestros errores.

Lo malo no son los microrracismos, los micromachismos o las microhomofobias. Que el que esté libre de culpa tire la primera piedra. Lo malo es interpretar esas microintolerancias como macrointolerancias que invaden todo nuestro sistema de pensamiento. Lo malo es no aceptar que, a veces, nos “pasamos de frenada” en nuestras conversaciones y publicaciones en redes sociales. Lo malo es, tanto el exceso (la macrointolerancia), como el defecto (la censura).

Pocos somos racistas, machistas y homófobos. Pero todos somos microrracistas, micromachistas y microhomófobos. No tenemos que rasgarnos las vestiduras, ni flagelarnos por ello. Pero tampoco aceptar esas debilidades como “inherentes de la naturaleza humana”, para así no corregirlas. Simplemente , comprenderlas, aceptarlas y, a través de ellas, mejorar como personas.

Indignación y victimismo

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Ariadna abandonada por Teseo. Angelica Kauffmann (1741-1807).

La indignación y el victimismo comparten algunas características que los hacen casi indistinguibles sin un análisis más o menos concienzudo. Por ejemplo, ambos concentran toda su atención en un sentimiento de enfado ante una negación o ausencia de justicia social. El core tanto del estado “indignado” como del estado “victimista”, se sitúa en la presencia de una condición social desfavorable que provoca una merma (de calidad de vida o, incluso, de la vida misma) a una persona o un colectivo. La razón de este sentimiento negativo no porque tiene por qué ser real, comprobable y bien determinada: tanto en la indignación como en el victimismo juega un rol muy importante la desobjetivación de su objeto. La subjetivización de la realidad, que convierte en causa general algo que es absolutamente particular, se trata de una conditio sine quanon para que, indignado o victimista, lleven sus reivindicaciones a buen puerto. Es por ello que los indignados y los victimistas utilizan los mismos medios para alcanzar sus metas: twitter, facebook, change.org… Y suelen aportar su punto de vista en entrevistas de aquellos medios de comunicación cuya línea editorial se justifica y apuntala con las opiniones de indignados y victimistas.

Hasta ahí llegan las similitudes entre indignados y victimistas. Las diferencias, aunque menos evidentes, tal vez son más definitorias. Porque el indignado es aquel que reconoce, analiza y critica una situación de injusticia de la cual se puede encontrar una solución que la resuelva de una manera más o menos universal. Esto es, que sea plausible aplicar esa solución de manera generalizada a todos aquellos que la sufren. Puede que el indignado sea incapaz de ofrecer una solución coherente con el ideario que le ha impulsado a exigir cambios. O, incluso, que las medidas que propone tomar sean, a la postre, contraproducentes. Pero, a fin de cuentas, lo que mueve al indignado es su deseo de resolver sistémicamente un problema que afecta de manera sistémica a muchos seres humanos.

El victimista, por su parte, solo tiene ojos para sí mismo. Y exige que los ojos de los que le rodean se posen sobre sus males y desdichas. Aprovecha las redes sociales, no para movilizar a la sociedad en pos de un ideal, sino para recibir muestras de simpatía y afecto. El objetivo de la publicidad social del victimista es la movilización de la ciudadanía en pos de una resolución de sus problemas. Poco importa al victimista todos los que, como él, sufren algún tipo de injusticia. El victimista exige soluciones individualizadas para sus asuntos, independientemente de que esas soluciones puedan resultar harto negativas si son aplicadas de manera sistemática sobre todos aquellos que sufren su propio mal.

El indignado lucha por una sociedad mejor. El victimista exige que se le ofrezca, a él y solo a él, una mejor vida.

El indignado se trata de una fuerza activa de cambio, dispuesto a actuar allá donde sea necesario. El victimista es un elemento pasivo, vacío de operatividad, en espera de que otros actúen a su favor.

La indignación es una herramienta positiva que favorece el avance de la sociedad hacia espacios de mayor justicia y entendimiento. El victimismo, al contrario, fragmenta la sociedad en “unidades dolientes”, cada una de las cuales se mueve en una dirección contraria a la de los demás. Contraria, porque cada victimista se mueve hacia sí mismo, en una rotación victimocéntrica, a espaldas de los otros miembros de la sociedad.

Por lo tanto, aunque sea tarea poco fácil, sería muy útil diferenciar en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación entre indignados y victimistas. Y, a los primeros, otorgarles nuestra comprensión, aunque no compartamos, o incluso rechacemos, todas aquellas  soluciones que puedan proponer. De este modo, tolerando el hartazgo del indignado, se puede iniciar un fructífero diálogo que lleve a la resolución de un problema.  Gracias a esta labor movilizadora, la sociedad al completo, que está formada por los indignados, los no indignados y los muy dignos, puede formular compromisos que se ajusten a la verdadera naturaleza del problema planteado.

Por otra parte, y al mismo tiempo, sería tarea no menos sana silenciar al victimista o, por lo menos, no ofrecer nuestras redes sociales como eco de sus reivindicaciones egocéntricas y egoístas, las cuales no tendrán, nunca, un efecto positivo, ni en nosotros, ni en otra persona que no sea la del propio victimista.

De monarquías y repúblicas

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La familia de Carlos IV. Francisco de Goya (1746-1828)

Yo me considero republicano. Creo que, en un Estado democrático liberal como en el que vivimos, la elección democrática del Jefe de Estado es más lógica y natural que la transmisión hereditaria de dicho cargo. Pero también estoy seguro de que un hipotético advenimiento de la III República a España no nos va a hacer mejores como país; ni tan siquiera más justos. La influencia que tiene la figura del rey o de un supuesto presidente de la República sobre la acción política de un gobierno es muy limitada; y mucho menor en el primer caso que en el segundo, según cómo se establezcan las funciones ejecutivas de un Jefe de Estado electo (no son iguales las funciones del presidente de la República Francesa, que el de la República Italiana, por ejemplo). Pero es que, además, la influencia que tiene un gobierno sobre la vida en sociedad también es muy limitada, y se restringe (afortunadamente) a la legislación y a la ejecución de leyes. Que es mucho (muchísimo), pero no llega a alcanzar todo el vastísimo conjunto de actos, decisiones y opiniones que bullen en el interior de cualquier sociedad democrática. Por lo tanto, si el Jefe de Estado influye poco sobre el gobierno, y el gobierno tiene sus funciones de control social limitadas (tanto por la Constitución como por la pragmática vida real), es lógico esperar que un cambio de régimen político apenas afecte en el día a día de las personas.

Pero, como he empezado diciendo, vivimos en un Estado democrático liberal. Las leyes que rigen este Estado proceden de un contrato social por el que cada ciudadano entrega, en usufructo, una parte de sus derechos políticos a un conjunto de representantes políticos elegidos democráticamente. De esta manera el ciudadano puede ocuparse libremente de las tareas que más le atañen en su vida diaria (familia, trabajo, ocio), sin tener que estar, como sucedía en la Grecia Clásica, preocupado por acudir al ágora para debatir acerca de leyes que, tal vez, ni siquiera sabe de qué van ni para qué sirven. Eso sí, el ciudadano no debe descuidarse de su cuota política, y así protegerla de demagogos y oportunistas a través de la libertad de expresión y el derecho a voto.

Todas las leyes de un Estado democrático no son democráticas; existen ciertas rémoras de un pasado predemocrático que, por su poder y conexiones, son difíciles, si no imposibles, de destruir. Así, a través del consenso de los ciudadanos, esas leyes predemocráticas se incorporan al cuerpo legislativo democrático. La monarquía es una de ellas: la ley que dice que la casa de Borbón regenta la jefatura de Estado en España, y esta se transmite hereditariamente, no nace en el momento en el que se constituye y aprueba la Constitución de 1977. Muy al contrario, surge en 1700, año de la coronación de Felipe V, una época en la que el espíritu revolucionario y democrático en Europa estaba aún por llegar. La monarquía es, por lo tanto, una institución no democrática que ha sido asimilada a la democracia a través de un acto de concesión de parte de la soberanía popular, recogido este en la Constitución de 1977.

La monarquía no es la excepción predemocrática española: tanto los Fueros del País Vasco y Navarra, como los acuerdos Iglesia-Estado se pergeñaron en momentos históricos en los que la palabra “democracia” estaba aún ausente del vocabulario español, y los españoles todavía siquiera habían recibido el título de “ciudadanos”. Se tenían que conformar con ser, simplemente, súbditos. A pesar de su incorporación a la vida democrática, las leyes predemocráticas emanan un aroma contrario a ella, y de ellas se pueden deducir ciertos privilegios a personas individuales, grupos o regiones. Nadie, más que el rey puede ser nombrado Jefe de Estado. Poco importa lo preparado y capacitado que yo esté para asumir las labores de representación de la nación; si yo no soy Borbón, no podré ser rey. Del mismo modo, por muy ventajosa que pueda ser la adquisición de una hacienda propia para, por ejemplo, el Principiado de Asturias o la Comunidad Valenciana, estas nunca podrán beneficiarse del control de sus finanzas. Ese es un derecho que solo se aplica a las comunidades forales de el País Vasco y Navarra. Y qué no decir de los acuerdos Iglesia-Estado, que permiten a la primera acceder, entre otras ventajas, a una serie de recursos económicos que superan con creces los gastos en acción social de esta entidad religiosa.

El advenimiento de la democracia en España ha exigido, entre otros pactos, la aceptación de estos hechos predemocráticos, con el fin de salvaguardar un consenso entre diferentes. Pero eso no significa que la corona, los fueros y los acuerdos con el Vaticano estén exentos de una pátina de no-democracia. Y es por eso que soy republicano; porque con la III República se eliminaría una institución predemocrática, y  se adaptaría la jefatura del Estado a una realidad absolutamente democrática. No se trata de una modificación esencial en el ordenamiento político de país. Como he dicho anteriormente, la república no nos haría mejores, más justos, o más guapos, puesto que nuestra bondad, justicia y belleza no están vinculadas con la representación de la nación. Razones estéticas, más que funcionales, pues, me llevan a solicitar el fin de la monarquía constitucional de 1977. Así, más que un republicano convencido, soy un republicano escéptico, puesto que no espero que la calidad de vida de la ciudadanía española mejore con la proclamación de un Presidente de la República.

El debate actual acerca de la monarquía gira sobre dos discursos absolutamente rígidos, implacables y excluyentes entre sí. Por una parte, están los férreos defensores de la Corona, que no aceptan críticas a la Casa Real y se amparan en la Carta Magna. Por otra parte, los republicanos antimonárquicos, que invaden el espacio público de opinión con soflamas, slóganes, frases hechas y tweets ocurrentes, en las que se percibe, al igual que en el caso del campo monárquico, una ausencia de reflexión, crítica constructiva y planteamientos pragmáticos. La virulencia con la que se enfrentan esos dos campos es tal que, aquellos que nos situamos en un área más moderada del debate, carecemos apenas de espacio para la expresión libre de nuestras opiniones. Nos convertimos, por arte de birbiloque en “republicanos de salón” o “monárquicos trasvestidos”. A los que hay que silenciar con insultos y desprecio.

Además, se corre el riesgo de transformar este debate en un melting-pot de exigencias y reivindicaciones que supere el ámbito de la jefatura del Estado. Y, así, aprovechar los cambios constitucionales que exigirían la transición de una monarquía parlamentaria a una república para obtener otros réditos políticos. Por ejemplo, la izquierda, impondría en la Constitución una serie de peticiones acerca del reparto de la riqueza que podrían lastrar, en ciertos momentos, el buen funcionamiento de la economía. O, a la derecha, se exigiría el supuesto derecho de autodeterminación de ciertos pueblos (pero no todos los pueblos). La constitución de una república en España debe ser guiada por los mismos espíritus que desembocaron en la monarquía parlamentaria que hoy en día disfrutamos: los de la reconciliación, la concordia y el consenso. Una república construida “a favor” de unos y “en contra” de los demás fracasará, como bien habría fracasado una monarquía en la que no se hubiese dado voz a los contrarios a la monarquía, como lo pueden ser los republicanos, comunistas o independentistas. Y, hoy por hoy, viendo que ciertos partidos políticos han tomado las riendas del republicanismo en España, y  lo utilizan como coto privado y exclusivo, con derecho a otorgar carnets de “buen republicano”, temo que el debate acerca de la jefatura de Estado no saldrá de la “pelea de bar” en la que se haya hoy en día enfangado.

En resumen, soy republicano, escéptico pero republicano. Tal como se enuncia ahora el debate sobre la monarquía, habrá quien me acuse de blando y capillita. Por ello, hago mía la cita de Tocqueville, que escribió en sus “Recuerdos de la Revolución de 1848”: “Pero, ¿de qué república se trata? Hay quienes entienden por república la dictadura ejercida en nombre de la libertad; otros que piensan que la república no solo debe cambiar las instituciones políticas, sino remodelar la sociedad por completo. También hay los que creen que la república debe ser conquistadora y propagandista. Yo no soy republicano de esa manera”.

 

Responsabilidad intra y supraepistémica

Una de las grandes preguntas de filósofos, juristas y sociólogos se centra en la moral universal: ¿realmente existe un sistema valores que debiera ser respetado por todos los hombres y mujeres de este mundo, no importa el lugar ni la época histórica? ¿Se pueden juzgar los crímenes cometidos por Julio Cesar con los mismos argumentos que se juzgaron a los nazis en Núremberg? ¿Hay que exigir a los habitantes de todo el planeta comportarse del mismo modo frente al empoderamiento femenino, derechos LGTB+, igualdad social…? ¿Y qué comportamientos son más morales: los que predominan en España, en Rusia, en Indonesia, o en Arabia Saudí?

La cuestión de la moral universal, aunque aparece antes de la Ilustración (ya hay brillantes ejemplos de ello en el siglo XVI, con Hugo Crocio y Tomás de Vitoria), toma especial relieve durante el siglo de las Luces. La moral universal no solo se labró desde el plano teórico, sino también práctico. Así, invocando a Kant, que desarrolló los principios de esa moral universal y atemporal, los revolucionarios del siglo XVIII y XIX trataron de establecer sociedades en las que se respetaran derechos ecuménicos y se cumplieran leyes igualitarias

Sin embargo, cuando se cree que se ha alcanzado el culmen civilitatorio, y una sociedad se comporta de modo que puede considerarse que cumple con todos los criterios y principios de una moral universal, aparecen nuevas exigencias éticas. Así, durante la Ilustración, ese “universalismo” implicaba únicamente a hombres, y no a mujeres. En la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, los esclavos negros carecían de derechos. Hasta no hace muchos años, el colectivo LGTB+ era tildado de perverso y enfermo, y se le negaban derechos sociales. A principios del siglo XIX el racismo y el antisemitismo no solo no eran inmorales, sino que se justificaban en pro del establecimiento de una sociedad sana y equilibrada. Hoy en día las sociedades europeas diferencian con mayor o menor claridad los ciudadanos originarios, de primera, frente a los inmigrantes metecos, de segunda. Tal vez, con la moral contemporánea que manejamos en Europa, deberíamos condenar a los machistas ilustrados, a los antisemitas revolucionarios del XIX, a los racistas padres (y madres) de las democracias del siglo XX… Probablemente, dentro de cuarenta años, cuando realicemos una revisión crítica de la igualad de las sociedades de principios del siglo XXI, nos llevemos las manos a la cabeza al descubrir una condescendencia inmoral hacia la guetización y el aislamiento social de ciertos sectores de la sociedad.

Independientemente de nuestros orígenes, o de la época que nos ha tocado vivir, todos tenemos nuestra responsabilidad individual. Todos somos más o menos libres de realizar ciertos actos, dentro del rango de posibilidades y oportunidades que nos brinda la sociedad. Un esclavo obedece al amo, pero existen siempre ciertos pequeños actos del día a día, no fiscalizados ni controlados por nadie, que pertenecen a la esfera (muy exigua, eso sí, en el caso de un siervo), de privacidad y de responsabilidad individual. Así, por ejemplo, si el esclavo tiene mujer, y la pega todas las noches, en la intimidad de su alcova (si es que estos disfrutaban de intimidad conyugal y de alcoba), no lo hace obligado por el amo, sino que es una decisión tomada enteramente por él mismo.

Existen dos niveles de revocación o asunción de la responsabilidad individual. El primero ya ha sido esbozado anteriormente: el nivel de la orden, de la ley, de la disciplina. Si el amo obliga al esclavo azotar a un sirviente desobediente, este no puede dejar de realizar su tarea, so pena de acabar él y sus costillas en el mismo lugar del primero. Si, en el frente de guerra, un sargento manda a sus hombres acribillar una casa en la que se sabe que solo viven civiles, el soldado no podrá otra cosa que apretar el gatillo. El esclavo y el soldado no son responsables de los actos a los que se ven obligados a perpetrar, pero pueden comprender y presentir que estos son abominables y van en contra de los designios de su voluntad. El esclavo pega, el soldado mata, pero no son más que la extensión del látigo o del fusil que empuñan en sus manos. La voluntad activa en este gesto es la del amo o sargento que dicta las órdenes.

La revocación de la responsabilidad individual aduciendo órdenes superiores tiene sus limitaciones. Un súbdito castellano de finales del siglo XV que expoliaba a los judíos que huían de los pogromos de los Reyes Católicos, estaba actuando dentro de la ley, y siempre bajo la ley. Un funcionario nazi del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau cumplía órdenes emitidas por su comandante de campo, el cual recibía instrucciones del mismísimo Heinrich Himmler. Sin embargo, tanto castellano medieval como alemán contemporáneo, sabían que aquello que estaban realizando era un auténtico crimen contra personas inocentes. El castellano, dentro de la exigua libertad individual que poseía, tenía la capacidad de decidir si expoliaba o no a sus, hasta no hace mucho, cordiales vecinos. El alemán, a pesar del estado de guerra y la dictadura hitleriana, podía decidir si quería o no seguir trabajando en el campo de concentración. No son, como en el caso del siervo o el soldado, el objeto pasivo en manos de una mente criminal. Ellos no son responsables de las leyes antisemitas que justifican ambos escenarios, pero sí de las acciones individuales que se enmarcan dentro de esta legislación.

Sin embargo, hay otro nivel de revocación de responsabilidad que alude a mecanismos más profundos de nuestra naturaleza humana. Y este es la episteme, o marco de conocimiento que recoge todo el saber permitido por una sociedad. Dentro de la episteme se acumulan los datos “sanos”, sobre los que se construyen los discursos que dan vida intelectual a la sociedad. Fuera de la episteme hay una cantidad ingente de información, que bien por desconocimiento, bien por inutilidad, bien porque se les considera peligrosos, se les niega el derecho de entrada a la episteme. Son los discursos de los locos, de los marginados, de los enemigos de la patria y  de la nación. Quien hace uso de esos discursos anómalos, la sociedad lo rechaza, sin necesidad siquiera de un código legislativo que justifique legalmente la coacción o la censura contra ellos. Las personas necesitamos de unas referencias para poder movernos en el mundo, y en el caso del pensamiento, la episteme nos ofrece unos límites, una gradación (verdad-mentira) y unos mojones epistémicos que consideramos verdades absolutas (sin que en verdad lo sean), y que nos guiarán por las procelosas aguas de ese tinglado que los humanos hemos creado, y llamamos pomposamente civilización.

No se puede pensar “correctamente” fuera de la episteme. No se puede actuar “correctamente” fuera de la episteme. Todo acto extraepistémico se arriesga a ser considerado tabú, indecoroso, ineficaz, intolerable. No será el policía o el juez quien detenga al infractor epistémico. La sociedad, toda la sociedad, le dará la espalda y lo expulsará a la tierra de los tarados. No podemos ver por encima de los límites que nos ofrece la episteme, y todo aquel que se exponga a asomar la cabeza por encima de ellos, corre el riesgo de perder la cabeza.

Pero la episteme es un marco de conocimiento que va modificándose continuamente, de modo que lo que ayer era tabú, hoy puede estar permitido. Y viceversa. Lo excluido en un momento histórico por la episteme no puede ser motivo de juicio de responsabilidad individual. Podemos manejarnos intraepistémicamente, esto es, dentro del rango de movimientos y pensamiento que nos ofrece nuestro marco de saber. Pero no podemos actuar extraepistémicamente, porque cuando lo hacemos, si es que podemos hacerlo en nuestro sano juicio, somos automáticamente incluidos dentro del epígrafe “enfermos de juicio”. Así, tal vez, hay ciertos hechos pasados que, leídos desde una perspectiva presente, con nuestro código legal y nuestro marco de saber actual, son juzgados como horribles e indecorosos. Pero tal vez no se puede acusar de ningún crimen o inmoralidad a la persona que cometió tales actos; simplemente porque no se inscribían dentro de la gama de acciones de las cuales él era responsable. Tal vez, el esclavista del Antiguo Egipto no podía imaginar que aquellos a los que fustigaba con su látigo eran unos seres tan humanos y dignos de compasión como él mismo. Y si lo hubiera pensado, los otros egipcios tal vez se habrían reído y mofado de él o, lo que es peor, se le habría tildado de loco y habría sido expulsado de todos los cargos institucionales que detentara. En este supuesto, el esclavista no tendría responsabilidad individual en su trato vejatorio de las persona a las que servía. Simplemente, porque no existía una opción validada por la episteme que le permitiera tomar una decisión diferente.

Por lo tanto, a la hora de juzgar los actos pasados de nuestros antepasados, no solo debemos observar con cuidado las leyes y códigos de conducta bajo los cuales estos vivían. No solo hay que comparar sus mores con los nuestros. También debemos integrar todas esas leyes, códigos de conducta y mores dentro de un sistema más complejo y más amplio como lo es el marco epistémico. Y comparar ese marco con el nuestro. De este modo analizaremos las conductas de nuestros abuelos y tatarabuelos no ya desde la perspectiva de la historia de las ideas, donde se puede cometer el error de considerar el marco epistémico como un elemento estable e inalterable a lo largo del tiempo. Sino, también, realizaremos una arqueología del saber, y discerniremos esos movimientos, esos ciclos, esas olas que rigen las relaciones de los saberes permitidos y los saberes prohibidos. Porque podemos cometer el error de culpar a alguien de algo, cuando en realidad no tenía más opción que hacer lo que hizo. Y, a través de ese juicio, nos sentiremos superiores a nuestros antepasados, simplemente, porque estamos aplicando unas reglas de juego actualizadas, de las que carecían en el pasado.

Los culpables de esta crisis (y II): El nivel meso

Tal vez sea en el juego de los culpables a nivel meso donde la conspiración y la propaganda política se elevan a una categoría superior. Porque es en este punto donde entran en juego las instituciones de Estado y los gobiernos. El nivel meso de la responsabilidad de la crisis de Covid19 se sitúa en los ministerios de Sanidad y en los palacios del Gobierno. Hay quien acusa al Gobierno actual de España de falta de previsión: que esto se venía venir; que deberían haber cancelado las manifestaciones feministas del 8M cuando ya Europa estaba avisando de lo que se venía encima. También se critica cierta falta de estrategia frente a la crisis: día sí y otro también los diferentes ministros anuncian nuevas medidas que en realidad a veces son bandazos sin sentido (como el anuncio de la suspensión de toda actividad económica no esencial, en la que no se especificaban las actividades que se considerarían esenciales, y la posterior moratoria a dicha suspensión). Se le achaca una tremenda falta de coordinación entre proveedores y hospitales, entre diferentes servicios autonómicos de salud, entre sus propios ministros… Por otra parte, el gobierno acusa a la oposición de haber esquilmado el sistema público de salud, de haberlo transformado en un ente inerte, sin capacidad de respuesta ante esta crisis; de haber desmantelado el sistema público de salud para “hacer caja” con sus amigos empresarios.

Toda esta mala leche se vehiculiza a través de las redes sociales. Whatssap es un hervidero de mensajes, videos, audios y memes que narran la estulticia e impavidez de nuestros políticos, bien del gobierno, bien de la oposición. Todo depende de qué color sea la fuente del meme. O de quién le pague para crearlos. Porque las cadenas de estos mensajes, con claros objetivos propagandísticos, suelen ser iniciadas, no desde un ciudadano anónimo y cabreado, sino desde un laboratorio de trolls donde cocinan mensajes de odio y los venden al mejor postor. Es por eso que, cuando cualquiera de nosotros difundimos entre nuestros contactos uno de estos mensajes que critica al gobierno, a un ministro, a un líder de la oposición… sin haberlo previamente verificado, nos estamos comportando como meros vehículos de propaganda y manipulación política.

Es cierto que el Gobierno ha cometido errores de previsión. Si comparamos sus decisiones, no ya con la de países que probablemente se habían tomado en serio la epidemia desde antes de que esta cruzara sus fronteras (como pueden ser Alemania o Corea del Sur), sino con la de países con economías, formas de vida y situaciones políticas similares (por ejemplo, Grecia y Portugal), podremos observar que la decisión del confinamiento se ha hecho tarde y, tal vez, mal. Pero el cierre de un país es un tema demasiado serio como para tomarlo a la ligera. Las implicaciones económicas, sociales y sanitarias (porque en España la gente sigue enfermando de otras patologías diferentes al Covid19, y el confinamiento agrava estas patologías) son catastróficas. A un gobernante, por muy sólido y robusto que sea, le debe temblar el pulso a la hora de tomar semejante decisión. Que las medidas de aislamiento se hayan iniciado un día después de las manifestaciones del 8M son una muestra más de que el empecinamiento ideológico mueve muchas de las decisiones de los gobernantes. Hay veces que las cosas no se hacen porque sean correctas, sino porque a) gustan a los potenciales votantes y b) están en consonancia con el ideario político que se construye en ese momento. Ahora bien, no es lo mismo que la ministra Carmen Calvo cancele esas manifestaciones, que las cancele un ministro del PP. Porque ella tenía una capacidad de maniobra y una ascendencia feminista a ojos de la sociedad, muchísimo mayor que la que hubiera tenido cualquier dirigente conservador. Con una explicación somera, habría desactivado cualquier duda acerca de la cancelación de este evento.

Otro flagrante error de previsión se detecta cuando se analiza la captación de material de protección y de tests de detección del Covid19. Cuando la OMS alerta de una potencial pandemia, avisa que hay que prepararse, incluso cuando los datos de China no son tan devastadores (recordemos, menos de 4000 fallecidos en un país de 1400 millones de habitantes), el Estado ha de proveerse de las armas necesarias para actuar, en caso de necesidad, contra el germen. Probablemente si China hubiera sufrido un ataque terrorista con una décima parte de las víctimas que ya ha producido el coronavirus en ese país, el ministerio de Interior y Defensa habrían activado protocolos para comprar el armamento más eficaz para defenderse de esos terroristas. Si, además, Italia hubiera sido víctima de un ataque terrorista similar al chino, las medidas excepcionales habrían sido activadas en el minuto 1 de la confirmación del mismo.

Estrategia, táctica y operación. La estrategia es el horizonte a largo plazo de lo que se quiere conseguir: metas realizables, sólidas, realistas. Para el diseño de una buena estrategia es necesario, sobre todo, un buen olfato político: saber discernir de todos los cientos, miles de datos, a veces contradictorios, cuál es la dirección que hay que trazar para alcanzar el éxito. Y esto es lo que diferencia un buen político de un buen tecnócrata: el político sabe navegar en la incertidumbre, sabe trabajar en escenarios complejos con información sesgada e incompleta. El tecnócrata es un especialista que tiene un conocimiento exhaustivo sobre un tema concreto. El político particulariza desde un saber generalista. El tecnócrata generaliza desde su ámbito limitado de conocimiento. En momentos de crisis, el gobierno debe estar llevado por buenos políticos y no buenos tecnócratas. Estos últimos deben aceptar ser desplazados a otras áreas de decisión política, como lo son el asesoramiento científico y el planteamiento táctico. España, sin embargo, ha cometido el error, no ya de dejarse aconsejar por técnicos (eso es necesario y obligado), sino de no ser capaz de traducir a la acción política los consejos más o menos certeros que estos ofrecían. O, como en el desgraciado caso español, con el ejemplo de Fernando Simón, estos expertos han sido fagocitados por la política y se han convertido en meros títeres del Gobierno, con todos sus defectos. Los políticos españoles han abandonado cualquier estrategia, cualquier dirección fija que sirva de referencia, y han basado todo su trabajo en tácticas dispersas, desparramadas e incoherentes. El pollo sin cabeza camina sin dirección. Pero camina. Y si, tiene suerte, incluso hay veces que llega a la meta, que en su caso es el puchero.

El Gobierno posee un ejército de medios de comunicación progubernamentales, trolls y bots, a través de los cuales trata de descargar el pesado fardo de la responsabilidad con el argumento de la “herencia recibida”. Puede ser cierto que el Partido Popular, partido que hasta hace dos años y medio detentó el poder en el Gobierno de España, realizó ciertos recortes (bien por devoción ideológica, bien por imposición presupuestaria) en Sanidad e introdujo nuevas formas de gestión de lo público como lo son los hospitales de gestión directa con personalidad jurídica propia (empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios públicos…). Hay quien afirma que si la Sanidad ha reaccionado tarde y mal, ha sido por culpa de los recortes y cambios jurídico-administrativos que legó el gobierno de Rajoy a Pedro Sánchez. Que fueron ellos, los conservadores, los que dejaron al Sistema Público de Salud en un estado de ruina tal, que ahora es incompetente en el freno de la pandemia. Sin embargo, por muy impactantes que fueran los recortes que se le atribuyen a Mariano Rajoy, la sanidad española seguía encabezando, por lo menos hasta hace pocos meses, los rankings mundiales de calidad, eficiencia y equidad. Puede que los supuestos recortes a los que se aferran los entusiastas de Pedro Sanchez hayan mermado la capacidad de nuestro sistema sanitario a la hora de tratar patología crónica, dependencia o listas de espera quirúrgicas. Pero en una situación de emergencia aguda, como lo es la pandemia de Covid19, esto no cuenta. Porque la sanidad pública española tiene recursos suficientes como para hacer frente a esta enfermedad. Lo que pasa que hay que dirigir eficazmente estos recursos hacia la lucha contra el coronavirus. Algo de lo que ya no tiene responsabilidad (salvo en las comunidades autónomas donde gobierna) el PP. Y tampoco se puede achacarle la falta de respiradores en las UCIs. Es verdad que Alemania tiene más camas de UCIs que España. Pero, hasta la fecha del inicio de la pandemia en nuestro país, este número de camas cubría las necesidades de la población, y con creces. Una sanidad pública con un millón de repiradores, así como un número similar de sanitarios especializados en su manejo, sería insostenible. No es, pues, un problema de recorte crónico de recursos, sino de mala gestión aguda de los mismos.

No es menos cierto que la oposición, con sus medios de comunicación afines, sus trolls y bots, atacan inmisericordemente la gestión de un gobierno desbordado (lógicamente) por una situación catastrófica. Le acusan de una serie de malas prácticas que, posiblemente, el gobierno no tenga responsabilidad ello. Cada cierto tiempo se activa una alerta de epidemia en el sur de Asia. En 2002 se produjo en Catón (China) un brote de SARS que, aunque no llegó a convertirse en pandemia, tenía todos los ingredientes para ello. En 2012 el MERS puso en jaque a la OMS y las autoridades sanitarias de Oriente Medio. El Covid19 era muy similar a estos dos virus. La diferencia ha sido que este último ha sido capaz de extenderse sin medida por los cinco continentes. El gobierno español no tiene responsabilidad en la gestión que se ha hecho a nivel “macro” de este virus.

Por lo tanto, culpa no. Responsabilidad. El gobierno español deberá rendir cuentas por su falta de previsión a la hora de manejar la pandemia, y su incapacidad de activar los recursos sanitarios disponibles en tiempo y forma para proteger al mayor número de personas posible. Ahora bien, en situaciones de histeria y descontrol, donde la información es inestable y poco fidedigna, comete errores el que tiene que tomar decisiones. No le falta parte de razón a Pedro Sanchez cuando habla del “sesgo retrospectivo”. Pero este sesgo, ni los supuestos recortes en Sanidad del PP, sirven para ocultar las sombras de una gestión más que deficiente.

Recursos culturales y madurez social

Hay un término que se utiliza de modo bastante corriente en la jerga popular, y es el de la “madurez” de una sociedad. Lo utilizó Jose María Aznar tras los resultados de las elecciones al parlamento vasco de 2001, atribuyendo a los vascos una “falta de madurez” para el cambio. Otros nacionalistas, como pueden ser los vascos o catalanes, también gustan de alardear acerca de la madurez de “sus” sociedades a la hora de poner en valor algunos éxitos sociales, económicos, culturales de sus comunidades autónomas. O, simplemente, utilizan la madurez como elemento de comparación frente a otra sociedad que ellos consideren inmadura.

Sin embargo, la madurez de una sociedad no puede ser medida. De hecho, se trata de un concepto indefinible, complejo, en el que intervienen múltiples factores multivariantes e interrelacionados. Si alguien define la madurez de una sociedad, es a riesgo de manipular los criterios de la definición para, posiblemente, obtener un resultado que ya había sido planteado a priori. La articulación y medición de la madurez social nos situan enfrente del mismo problema que el de los modelos complejos: la madurez social cuenta con elementos conocidos y medibles (o transformables en números), conocidos y no medibles (que no pueden ser trasladados a una fórmula matemática), conocidos e ignorados (que se rechazan por alterar, bien nuestra definición, bien el resultado deseado de nuestro cálculo), desconocidos y, finalmente, también con elementos impredecibles.

Un claro ejemplo de supuesta madurez social la encontramos en los países escandinavos. los diferentes modelos de construcción social encuentran aquí un lecho inmejorable de desarrollo, hasta el punto de que, naciones tan dispares como Noruega o Finlandia obtengan las notas más altas en los rankings de desarrollo, bienestar y felicidad. Tal vez incluso se podría ampliar la órbita escandinava a otros países que, aunque geográfica e históricamente están más distantes, presentan ciertas similitudes en el funcionamiento de estas sociedades, como lo pueden ser Holanda y Suiza.

Sin embargo, eso de que, por ejemplo, la sociedad noruega es más madura que la española, eso es absolutamente falso. Porque las variables que se utilizan están viciadas y sesgadas de entrada, además que se trata de una conclusión obtenida a partir de un análisis ad hoc. Pero, sobre todo, este resultado precisa de la omisión de otros criterios que, aunque influyen en la medición de la madurez social, su inclusión complicarían la medición y desvirtuarían los resultados que, de antemano, se desean conseguir.

En primer lugar cabe definir qué es un recurso cultural: un fragmento o unidad de cultura entendida como “repertorio total de pautas de comportamiento –técnicas materiales y también espirituales (magia, culto, etc.), mores o usos, interpretaciones de la realidad- de que dispone una comunidad, por transmisión a cada uno de sus miembros” (Jose Luís Aranguren). El recurso cultural es incompatible con la identidad cultural. La razón de existir del primero es su utilidad, uso y divulgación de mano de todas aquellas personas que, independientemente de su origen, raza o religión, desean hacer uso de ese recurso cultural. El recurso cultural no se protege; no pertenece a un grupo limitado de individuos cuya razón de ser y existir depende de la supervivencia de ese hecho cultural, como así sucede cuando se habla de identidad cultural. Es ciertos que existen recursos culturales extendidos: fragmentos de cultura que utiliza una parte considerable de una comunidad de personas. Por ejemplo, el castellano y el euskera serían recursos culturales extendidos en el País Vasco. Los vascos no poseerían el castellano o el euskera, no sería una propiedad o un vínculo sin el cual la existencia de esa comunidad se vería amenazada: se tratan de recursos culturales que los vascos utilizan, en este caso, para comunicarse. A pesar de la existencia de estos recursos culturales extendidos, cada persona crea su propio “composite” de recursos culturales, de modo que la sociedad se comportaría como un “metacomposite” de recursos culturales, sumatorio de todas las complejas interrelaciones culturales humanas que se producen en su seno.

A partir de ahí, y tomando la referencia (discutible) sobre la que Max Weber excribió su “Ética Protestante” , podríamos considerar que Noruega atesora un metacomposite de recursos culturales diferentes al de España. Y entre las diferencias se encuentra, por ejemplo, el recurso cultural extendido de la religión luterana. Hay dos diferencias importantísimas entre los credos católico y luterano. La primera es la diferencia en la concepción del éxito y el emprendimiento. Mientras que el catolicismo se centra en la misericordia hacia el pobre, en el luteranismo y, más aún en el calvinismo y puritanismo, se ha desarrollado una fe en el éxito económico como buen signo de “predestinación” divina.

Por otra parte, Max Weber diferencia entre la ética católica y la protestante. La primera se basa en el intentio, en el valor de cada acción: cada persona acumularía acciones buenas y acciones malas, las cuales computarían sobre su destino después de la muerte. La ética protestante, sin embargo, es más metódica, más sistematizada. No tendrá ya ninguna utilidad el saldo expiatorio católico, mediante el cual los pecados pueden “limpiarse” con buenas acciones; “porque los efectos de la gracia, la ascensión del hombre del status naturae al status gratiae, solo podían lograrse mediante una transformación del sentido de la vida en cada hora y en cada acción”.

Estas dos condiciones (apología del éxito empresarial y el character indelebelis de los buenos ciudadanos) son vitales para un paso más allá en la comprensión de la organización del control social. Byung-Chul Han diferencia las sociedades de la obediencia, controladas tanto por leyes externas como por jueces; y sociedades del rendimiento, en las que cada persona interioriza la ley y la satisface sin necesidad de un juez vigilante. España tendería a ser más una sociedad de la obediencia, y Noruega, una sociedad del rendimiento, sin que ni una ni otra se puedan considerar como sociedades puras de la obediencia o del rendimiento.

Tal vez pueda parecer que una sociedad del rendimiento sea más avanzada o madura que una del deber. Falso. Al fin y al cabo, lo que esconden una y otra detrás de esos mecanismos de control social, algunos de ellos muy sutiles y tremendamente eficaces, es una violencia, brutal y deshumanizadora, que somete al productor (en Noruega y España serían los inmigrantes, los marginados y, como vivimos en una sociedad global, también el Tercer Mundo) , empodera al acaparador (no solo los empresarios y banqueros, tú y yo también seríamos los acaparadores de una sociedad global) y ampara la distribución desigual del excedente, a favor de los últimos, y a costa de los primeros.

Por lo tanto, habría que utilizar el concepto de “madurez social” para realizar comparaciones entre diferentes comunidades humanas. Primero, porque según cómo se defina, se obtendrán unos u otros resultados. Segundo, porque las comunidades no son propietarias de unos contenidos culturales únicos e intransferibles, que no puedan ser extendidos y compartidos por otras comunidades. Y, tercero, porque más allá de la supuesta “madurez social”, existe unas estructuras de control que afectan a todas las sociedades y limitan la capacidad de pensar y actuar de todos sus miembros.

La crisis de la sanidad española. Retos a medio y largo plazo

NOTA: Redactado antes de la crisis del Covid19

Medios de comunicación, políticos, gestores, gente de la calle… Todos nos alertan de que el sistema sanitario está en crisis. Tal vez habría que preguntarse si ese sistema no ha estado alguna vez en situación de dificultad. A diferencia de otros ámbitos «humanos», como pueden ser la política o el arte, no existe un momento «mítico» de la sanidad, en el cual el sistema sanitario se considere ideal e inmejorable. Se habla de un «Siglo de Oro» de las letras españolas; pero nadie puede nombrar ni siquiera una década de esplendor sanitario donde tanto profesionales como pacientes estuvieran totalmente satisfechos con las atenciones y servicios sanitarios. A diferencia de los historiadores que comen de la mano del que manda, y que pueden construir, a través del «picoteo» de legajos y anaqueles, un pasado mítico (y casi místico) de una nación, cultura, o movimiento político; no hay erudito, por muy corrupto que sea, que se atreva a glosar las virtudes de un tiempo o un lugar donde la sanidad fuera mejor que la actual. Sin referencias pasadas sobre las que construir un relato de excelencia, el sistema sanitario ha estado, está y siempre estará en crisis permanente. Crisis, porque no hay arquetipo de sistema sanitario ideal a partir del cual construir nuestro propio modelo. Crisis, porque los avances tecnológicos no permiten actualizar los servicios a la misma velocidad que estos se ofertan. Pero crisis también del modo que se interpreta desde la cultura china: una oportunidad para mejorar y perfeccionar este complejísimo sistema que trata de ofrecer consuelo y alivio a los pacientes.

Cuando se habla de crisis generalmente siempre se halla implicado el factor económico. Y cuando el dinero con el que se cuenta es público, procedente de los impuestos de los ciudadanos, cualquier crisis exige plantear modelos más eficaces de financiación. En un sistema público, donde el proveedor de salud no paga directamente por los recursos que gasta, se está técnicamente abocado a consumir medios ilimitados con el fin obtener una cartera de servicios amplísima, aunque no siempre eficiente. El Estado, como financiador de servicios sanitarios, no posee los recursos ilimitados que exige esa cartera de servicios. Se hace, por lo tanto, perentorio, tomar medidas que favorezcan la sostenibilidad del sistema, sin que por ello se produzca merma tanto en la calidad como accesibilidad del mismo.

Por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo era el jefe de un servicio hospitalario el que decidía, en base a criterios técnicos, qué productos y tecnologías sanitarias aplicar en los pacientes. Así, en un servicio de Traumatología público, la prótesis de cadera que se ofertaba había sido elegida por su calidad, durabilidad, instrumental y servicio de venta. Poco contaba el precio de la misma, por lo que, a veces, la industria farmacéutica «hinchaba» los precios de esos materiales. Con la llegada de la crisis de 2007-2008 se produjo un cambio radical. A partir de entonces, el factor económico pesó más que el técnico. El voto del gestor contaba más que la del jefe de servicio a la hora de optar por un tipo u otro de prótesis. Sin embargo, lo que en principio podía parecer eficiente, pronto se vio que estaba abocado al fracaso: primero, porque la bajada de precios de los proveedores solía ir asociada con una pérdida de calidad, a veces reprobable 1, lo que implicaba mayor número de complicaciones quirúrgicas y sobrecostes de segundas cirugías. Segundo, porque para abaratar costes, los proveedores centralizaban sus almacenes en puntos muy concretos de la geografía española, de modo que no podían suministrar encargos urgentes-emergentes a hospitales alejados de estos lugares. Es por ello que actualmente se está recuperando, ya no solo el coeficiente «calidad» del producto sanitario, sino también el valor añadido de la casa suministradora (cercanía, capacidad de hacer frente a casos complejos) e, incluso, otros factores más relacionados con aspectos sociales (planes de eficiencia energética, gestión de residuos…).

Otro problema relacionado con la financiación procede de la necesidad de mantenimiento de las infraestructuras hospitalarias. Para este mantenimiento y reorganización de servicios  se precisa de una visión a medio-largo plazo muy aguda: ¿Está sobredimensionado el servicio de Maternidad ante la bajada de la tasa de natalidad?; ¿los quirófanos de cirugía general están adaptados a un uso cada vez más extensivo de la laparoscopia?; ¿se ha previsto una ampliación de las Urgencias Generales debido a la llegada del metro al hospital?… Si hay una infraestructura que siempre está en peligro de quedar obsoleta, esa es la informática. La digitalización de la sanidad ofrece enormes ventajas: mayor y mejor flujo de información; interacción entre profesionales; rapidez en el acceso a la historia clínica… Pero también obliga a ampliar el número de ordenadores, software, un servicio de informáticos cada vez mayor, sistemas de seguridad, de almacenaje de datos… Y todo ello en constante renovación, con el costo que ello supone.

Asociado las infraestructuras (el «continente»), también se encuentra el problema del «contenido», esto es, de las nuevas tecnologías sanitarias que prometen mejores resultados en términos de salud sobre nuestros pacientes. Aquí el problema es más complejo. Por una parte, hay que valorar si, realmente, esas nuevas tecnologías son mejores que las antiguas (eficacia y efectividad), y si esa mejora compensa económicamente (eficiencia). Por otra parte, la presión de la industria farmacéutica y de los pacientes puede favorecer la aplicación y el uso de técnicas más novedosas, pero no más eficaces. Un claro ejemplo de ello es el aumento de la incidencia de tratamiento quirúrgico de ciertas fracturas de extremidad superior, como puede ser la clavícula. La evidencia científica ha demostrado que la inmensa mayoría de fracturas de clavícula obtienen mejores resultados si no se intervienen quirúrgicamente 2. Aun así, existe una presión comercial (cursos de las compañías que venden placas de osteosíntesis) y de los propios pacientes (deportistas amateur que exigen recuperar cuanto antes su nivel competitivo) que puede llevar al médico a elegir tratamientos más novedosos, más caros  y más agresivos, pero tal vez menos eficaces. El aprovechamiento de los informes de los servicios de evaluación de tecnologías sanitarias puede ayudar a alcanzar un equilibrio entre avances tecnológicos y ganancia en resultados clínicos.

He hablado de presión de los pacientes sobre el sistema sanitario, pero ¿por qué esta presión es cada vez mayor? Primero, por el aumento de la esperanza de vida de la población. A pesar de que se preconice un «envejecimiento saludable», es indiscutible que a mayor edad hay mayor riesgo de sufrir enfermedades agudas y crónicas. Si cada vez hay un número cada vez más grande de ancianos, por muchas políticas preventivas que se tomen, habrá indefectiblemente una merma en la calidad de vida de los mismos, y parte de esa pérdida de calidad de vida se intentará compensar por la vía de la medicalización. El tabú hacia la muerte que se ha instaurado en la sociedad occidental 3 implica un sobrediagnóstico y sobreactuación terapéutica sobre pacientes ancianos muy deteriorados que, posiblemente, merecerían un trato menos invasivo y una muerte más digna.  En segundo lugar, a la ciudadanía se le ha inculcado la salud como un derecho inexcusable. De modo que se exige a los profesionales sanitarios que hagan efectivo ese derecho. Así, dolencias leves que antaño no pasaban por la consulta del ambulatorio, ahora colapsan las abarrotadas agendas de los centros de salud. Problemas que bien podrían solventarse con la reducción de nivel de actividad (por ejemplo, un aficionado a correr maratones que sufra de dolores de rodilla), pasan inexorablemente por quirófano, pues se considera intolerable esa reducción del nivel de actividad. Internet y medios de comunicación alientan la sobremedicalización de la vida cotidiana. Si el sistema sanitario no es capaz de hacer frente a estos dos problemas (tabú de la muerte e hiperconsumismo médico) perderá en eficiencia y en calidad.

Hasta aquí he ido enumerando varios de los «culpables» de la crisis del sistema sanitario: políticos, burócratas, ancianos, pacientes intransigentes, industria farmacéutica, mass-media… Pero, tal vez, sean los propios trabajadores de los sistemas sanitarios los que, no solo tengan tanta o más responsabilidad, sino también mayor capacidad de acción y enmienda para mejorar la situación de la sanidad. Por una parte, no hay una uniformidad en el criterio de actuación clínica de gran parte de médicos, independientemente de su especialidad. Existen actos médicos que ya han demostrado su ineficacia, y aún se siguen realizando 4. Otras intervenciones que, aunque eficaces, pueden presentar muchos efectos adversos, son realizadas sin una verdadera consciencia por parte del sanitario o sin un seguimiento posterior adecuado. El uso de guías de decisión clínica, como puede ser el NICE británico, podría reducir esta variabilidad y la consiguiente inseguridad. También puede resultar interesante el manejo de la inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades, aunque en este caso existen enormes cuestiones éticas y epistemológicas a resolver 5. La aplicación generalizada de estas dos herramientas no puede venir desde la imposición, pues esto generaría malestar, reticencias, e incluso firme oposición de muchos sanitarios. Si, de alguna manera, se consiguiera convencer a los profesionales de las ventajas de la aplicación de una terapéutica más homogénea, basada en la evidencia científica, ganaríamos todos: como pacientes, como profesionales y, en fin, como sociedad.

En resumen, la crisis continuada del sistema sanitario exige soluciones a corto, medio y largo plazo. Como medidas más urgentes a tomar, caben destacar una política de compras racional, que vaya más allá del análisis calidad/ precio; mayor peso de los servicios de evaluación de tecnologías sanitarias en la toma de decisiones estratégicas; educación para el cambio del paradigma sanitario hiperconsumista en el que se ha instalado la sociedad; educación de los trabajadores sanitarios para que comprendan su imprescindible rol en el sostenimiento del sistema; y, por último, destacar la importancia del uso de guías clínicas y, en el futuro, de algoritmos basados en inteligencia artificial, para unificar criterios y acciones clínicas.

 

BIBLIOGRAFÍA

1- Güell O. Traiber vendía prótesis ortopédicas que llevaban hasta 11 años caducadas. 2015. Recuperado de: https://elpais.com/ccaa/2015/05/23/catalunya/1432389457_661317.html

2- Lenza  M. Surgical versus conservative interventions for treating fractures of the middle third of the clavicle. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6.

3- Novoa A. Sin paliativos. Análisis clínico-existencial de Seamus O´Mahony sobre la muerte y el morir en la era del individualismo y la medicina tecnocientífica. 2020. Recuperado de: https://wordpress.com/read/feeds/99954171/posts/2550248513

4- Morgan DJ. Update on Medical Overuse. JAMA. 2019;179:240–246.

5-  Healy D. Clinical judgments, not algorithms, are key to patient safety—an essay by David Healy and Dee Mangin BMJ 2019; 367 :l5777.

Transparencia democrática en tiempos del cólera

ANTÍGONA: ¿Pero quién osará a seguirte cuando se entere de qué calamidades os vaticinó el hombre aquí presente?
POLINICES: Tampoco voy a comunicar malas noticias, pues es cosa de buen general referir sus ventajas y no los fallos.
Sófocles. Edipo en Colono.

Que los dirigentes políticos del gobierno de un país democrático sean sinceros con sus ciudadanos y expongan al público tanto las cuentas como las acciones ejecutivas y legislativas que llevan a cabo, es un ejercicio de salubridad democrática. De este modo los ciudadanos no solo pueden conocer de primera mano cómo se están dirigiendo asuntos que les pueden afectar en primera persona, sino que favorece dos herramientas básicas para el buen funcionamiento de una democracia liberal: la educación política y el debate constructivo basado en datos lo más fiables posibles. La educación política es esencial en unos democracia saneada: los ciudadanos deben comprender el funcionamiento y los ritmos de la cultura política, sin los cuales serían fuertemente manipulables frente a charlatanes que traten de sacar tajada de su analfabetismo político. El hecho que la ciudadanía critique, se siente decepcionada y muestre su desencanto hacia los gobernantes es otro aspecto beneficioso de la transparencia política: a través de esa crítica se pueden crear corrientes de opinión que alteren positivamente el discurrir de las leyes que nos gobiernan, así como de las medidas ejecutivas necesarias para que el país funcione.

Hay límites en la transparencia. Por una parte, no puede, ni debe permitirse una transparencia tal y como se construye en las cuentas de las redes sociales. Porque un perfil de facebook o instagram no es un ejemplo de transparencia de la vida personal, sino más bien de exhibicionismo. Porque lo que leemos allí de nuestros amigos, compañeros de trabajo y familiares solo contiene aquello que estos quieren mostrar al público: suelen hipertofiar los aspectos positivos y las circunstancias de las cuales se pueden considerarse víctimas, mientras esconden las vergüenzas y debilidades. Un perfil de una red social no es un ejemplo de transparecia, sino de propaganda. Por otra parte la transparencia absoluta no existe, ni debe existir. Cualquier negociación que un gobernante realice con los miembros de la oposición, gobiernos extranjeros, agentes sociales o empresas no debe estar siempre sesgada por la “luz y taquígrafos”. Porque no es lo mismo una actitud negociadora off the record, la cual permite al negociador mostrar con calma y tranquilidad todas las cartas sin la sensación de sentirse juzgado, que un debate televisivo donde el encorsetamiento de los contertulios impide un veradero diálogo fructífero.

No hay duda que la transparencia es tanto una virtud democrática como una herramienta que educa y fortalece la sociedad. Sin embargo hay momentos en los que, tal vez, demasiada transparencia puede, al contrario, debilitar las estructuras democráticas de un país y generar una crispación innecesaria entre los ciudadanos. Y es que, durante las grandes crisis, el ejercicio de transparencia democrático puede convertirse en un arma de doble filo para aquel quien la ejerce.

Vivimos tiempos del cólera. Tiempos de Covid19. Encerrados en nuestras casas, recibimos información en tiempo real acerca de la evolución de la pandemia. No solo eso: podemos comparar el estado de nuestros hospitales, residencias de ancianos, industrias y arcas públicas con las de otros países. El uso de estas comparativas es peligroso si los criterios y la información de la que se dispone no es homogénea, clara y accesible. En tiempos del cólera, el hecho de situarte en un peldaño o en otro de un ranking de desastres (número de infectados, número de muertos, porcentaje de sanitarios infectados…),no solo puede afectar al ánimo de la ciudadanía (que puede sentirse reconfortada o hastiada al ver que su gobierno está tomando medidas más o menos eficaces que las del vecino), sino que, posteriormente, a largo plazo, puede influir en decisiones de calado de los inversores y contratistas. Por lo tanto, en tiempos del cólera, demasiada transparencia puede ser contraproducente, pues elimina la posibilidad de manejar con eficacia los procelosos hilos de la propaganda política, y da ventaja a aquellos que, de un modo u otro, han conseguido ocultar mejor sus carencias y defectos.

No hay duda que el gobierno chino ha manipulado los datos de sus infectados de Covid19. Nadie se cree sus cifras, a pesar de que ningún gobierno, ni ningún organismo internacional se atreva a declararlo públicamente, por temor a las represalias que China pueda tomar contra los críticos. No solo es autocensura. La absoluta opacidad del gobierno chino en el manejo de la crisis del Covid19 impide que se puedan obtener pruebas de que el coronavirus ha causado una morbimortalidad tal vez mil veces superior a la declarada. Tal vez ni siquiera las autoridades chinas conozcan el alcance total de la crisis en un país con más de 160 millones de ancianos. Sin pruebas, y con acceso únicamente a información manipulada, no puede construirse una acusación firme contra ellos.

Tampoco nadie puede dudar de que Corea del Sur ha tomado medidas preventivas eficaces para atajar la crisis, y que poseen una infraestructura sanitaria mucho más sólida que la de China, e incluso que la de muchos países europeos. Sin embargo, no es discutible la falsedad de ese dato que jalean a cuatro vientos: 0% de infecciones entre su personal sanitario. El riesgo cero no existe. Por muy bien que protejan a sus médicos y enfermeras, estos pueden contraer la infección, no solo en las instalaciones hospitalarias, sino también en el hogar, en el supermercado, en el medio de transporte que utilizan para volver a casa. Si se hace un ejercicio de opacidad, y se considera que toda infección por Covid19 de personal hospitalario ha sido debida por actividades fuera de su lugar de trabajo, entonces obtendremos un 0% de infecciones intrahospitalarias. España o Italia no diferencian el lugar de posible infección: que se hayan infectado cuando acudieron a un concierto (antes del confinamiento) o en la UCI mientras intubaban a un paciente, todo sanitario infectado cuenta para la estadística.

España, Alemania o Francia no hacen tests de detección de Covid19 a los ancianos que fallecen sin diagnosticar en sus casas o en residencias, y no los contabilizan como víctimas de la pandemia. Incluso estos dos últimos países no suman los fallecidos extrahospitalarios con coronavirus. Imaginemos que la tasa de mortalidad de estos pacientes es del 20%. Pongamos que en Alemania solo se ingresan (y se contabilizan) al 10% de los ancianos mayores de 80 años con Covid19. En España, al 80% (supongamos que hay un 20% de pérdidas de seguimiento por fallecimiento sin test Covid19). De cada mil ancianos enfermos, Alemania declararía tan solo 20 fallecidos, mientras en España se contabilizarían 160. Varapalo moral para las agotadas huestes de sanitarios españoles, y para la sociedad en general.

En una pandemia como el Covid19, no solo es importante poseer un robusto sistema sanitario que sea capaz de hacer frente a unas necesidades completamente fuera de lo normal. También es importante la estrategia de comunicación, tanto hacia la ciudadanía, como hacia terceros países. A nivel geopolítico se está dirimiendo una batalla por quién es el que mejor maneja esta crisis, y ya no solo en el terreno sanitario, sino en el político, donde los muertos solo cuentan si aparecen en las estadísticas. Y en esa guerra de datos, la transparencia democrática no es una buena aliada. Por lo tanto, quizás sería interesante abrir un debate acerca de si es necesario reducir la transparencia informativa en momentos críticos como el que vivimos, y aceptar que los datos y estadísticas que se ofrezcan al público nacional e internacional contengan, por lo menos, los mismos sesgos e interpretaciones interesadas que nuestros vecinos europeos y de otros países de ultramar.

El coronavirus como dispositivo de control social

Llamaré dispositivo literalmente a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Por lo tanto, no sólo las prisiones, los manicomios, el Panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con el poder es de algún modo evidente, sino también la pluma, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, los ordenadores, los teléfonos móviles y – por qué no – el lenguaje mismo, que quizás es el más antiguo de los dispositivos, en el que miles y miles de años atrás un primate – probablemente sin darse cuenta de las consecuencias a las que se exponía– tuvo la inconsciencia de dejarse captura.
Giorgio Agamben. ¿Qué es un dispositivo?

Los seres humanos creamos objetos culturales que nos permiten superar las limitaciones físicas que nos imponen tanto nuestros genes como las condiciones ambientales que nos rodean. Aquellos objetos que son útiles y tienen éxito en la consecución de su objetivo, que es alejar a la persona de los condicionantes naturales, se transmiten a través de la comunidad y a lo largo de las generaciones, por lo menos, hasta que aparezca un nuevo objeto cultural que le sustituya. Al contrario de la información genética, que encuentra su “disco duro” en el ADN que contienen los nucleos celulares, la información cultural carece de un acumulador de datos físico, material. Es la sociedad misma la que asume ese rol, de modo que esta debe adquirir herramientas para evitar una ruptura en la transmisión del saber cultural que provoque una pérdida irrecuperable del mismo. El control social no solo son las instituciones defendiéndose de los individuos; es también la sociedad defendiéndose de las instituciones y los individuos que la forman.

El dispositivo de control social se podría definir como la mínima estructura de control social con existencia plena e independiente. Ella sola contiene todos los atributos necesarios para realizar ciertas acciones de control, más o menos evidentes, sobre el individuo que forma parte de una sociedad. Posiblemente, todo objeto cultural que ha tenido éxito a lo largo y ancho de una sociedad contenga o forme parte de un dispositivo de control social. Tecnologías como los teléfonos móviles y las redes sociales son objetos absolutamente no-naturales que, además de permitirnos realizar una serie de actividades comunicativas que, solo con la connivencia de nuestra voz natural, no podrían llevarse a cabo, son claros ejemplos de dispositivos de control social. Pero también lo es, por ejemplo, la dieta humana, la cual nos abre las posibilidades a modos de alimentación no incluidos en el repertorio genético pero que, a la vez, nos exige ciertos modos obligados de consumo. O el mero concepto de Verdad es una creación cultural absolutamente humana que, además de ser la puerta a una serie de formidables herramientas abstractas y concretas, también nos coerce a la hora de seguir sendas no marcadas e iluminadas por esa Verdad. Los objetos culturales, sean cuales sean, nos liberan del camino de la servidumbre al que nos hallamos atados por nuestra carga genética, pero nos exigen sumisión y obediencia a la sociedad que los ha producido.

Alguien podría decir que el coronavirus Covid19, que asola en estos momentos a medio mundo, es un ser vivo objetual (los virus solo reciben la apelación de “vivos” cuando permanecen en el interior del nucleo celular al que parasitan) y, como tal, presenta una existencia independiente a toda la cultura que haya podido producir el ser humano. Eso es inapelable. Mas aún, quién sabe si ese virus no ha permanecido durante largo tiempo en la naturaleza, invisible al ojo escudriñador del ser humano, infectando y matando a otros mamíferos; hasta el mal día que alguno de nosotros tuvo el infortunio de entrar en contacto con él. Pero, a pesar de la inherencia natural del Covid19, todo el constructo teórico-científico-social que se ha creado entorno a él es absolutamente artificial y, por lo tanto, cultural. Para haber logrado el conocimiento acerca de este virus que hoy en día manejan los médicos y científicos ha sido necesaria, primero, la edificación del paradigma anatomo-clínico, a través del cual se considera que toda enfermedad está producida por un daño a nivel de un órgano, tejido, célula, o material genético. Sin ese cambio de paradigma médico, que se produjo en el siglo XIX, los médicos no estarían hoy en día buscando causas reales que provoquen daños cuantificables en nuestros organismos. Seguirían interpretando síntomas, y tratando de calmar la enfermedad mediante su mitigamiento. También han sido vitales los descubrimientos de Pasteur acerca de la existencia de microorganismos patógenos y, como no, toda la parafernalia tecnológica que parte del microscopio electrónico y alcanza a las técnicas más novedosas de detección de material genético. El Covid19 ha dejado de ser un virus natural para así culturizarse: transformarse en un objeto definido y estandarizado según ciertos patrones de conocimiento que son los que actualmente se consideran válidos.

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Las ventajas de la apropiación cultural del Covid19 con enormes. Sin ellas, sin la posibilidad de explicar y entender el funcionamiento de este virus, la Humanidad en su conjunto habría sido víctima de una acción sin medida de este patógeno, del mismo modo que este actuaba, antes de ser descubierto, entre los mamíferos a los que infectaba. Incluso durante las graves epidemias de la Edad Media la sociedad había construido un modelo culturizado de enfermedad, al que atacaba o, por lo menos, del que se defendía, haciendo uso de los materiales culturales de los que disponía (cuarentenas, invocaciones a Dios…). No hay duda de que un Covid19 absolutamente natural causaría más muertes que ese Covid19 culturizado. Ahora bien, el precio a pagar por el individuo por esa protección que le ofrece la sociedad es la de un mayor control social: el confinamiento de personas sanas es una medida absolutamente necesaria, pero no deja de ser una limitación de actividad obligada por un agente externo (sociedad) a un individuo. En un estado natural, la persona no estaría sujeta a una restricción de movimientos, pero el precio de esa libertad es el de un mayor riesgo de contagio y muerte por esta infección.  El concepto de “flattening the curve” es una herramienta para colaborar con ese control social, necesario para frenar la expansión de la enfermedad y evitar el colapso sanitario. Solo en el futuro se podrá saber si este concepto se trata de un modelo matemático que predice la realidad, o tan solo un mito inexacto, pero absolutamente necesario para concienciar a los más reacios.

Por lo tanto, la apropiación que ha hecho la sociedad del Covid19 es un ejemplo, como otros muchos que se pueden encontrar en el amplísimo repertorio de la Humanidad, de objeto cultural que nos aleja de la amenaza natural pero, a la vez, nos somete a los ferreos controles de la sociedad. Por suerte o por desgracia, solo tenemos dos opciones: o esclavos de la naturaleza, o súbditos de la sociedad. Toda otra alternativa que pongamos en práctica fracasará, por muy racional que sea, y ese fracaso nos llevará de nuevo a la casilla de salida, aquella en la que teníamos que elegir entre naturaleza o sociedad. Por lo menos podemos elegir. Los animales no pueden construir una sociedad cultural con la que protegerse de los desmanes tiránicos de la naturaleza. Ellos no pueden elegir el color de sus barrotes. Y no se quejan.